La guerra contra la piratería: un golpe millonario a la economía dominicana
RD: piratería y falsificación ya no son asuntos privados. El Estado, con aval del TC y la SCJ, lidera la persecución penal para proteger la innovación.
La propiedad intelectual se ha convertido en un pilar del orden público en la República Dominicana, donde la persecución penal contra la piratería y la falsificación ya no es un asunto privado, sino una prioridad estatal respaldada por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.
El sistema legal dominicano, fundamentado en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley No.
65-00 sobre Derecho de Autor, establece sanciones penales para quienes vulneren los derechos de creación e innovación.
La Sentencia TC/0334/14 del Tribunal Constitucional marcó un hito al validar la intervención penal del Estado cuando terceros se lucran dolosamente de creaciones ajenas, destruyendo los incentivos de la innovación nacional y extranjera.
El Ministerio Público, a través de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría General de la República, lidera las investigaciones tanto a solicitud de las víctimas como de oficio.
Los fiscales especializados coordinan acciones con la ONAPI y la ONDA para desmantelar estructuras criminales, aplicando herramientas procesales como allanamientos, incautaciones, prisión preventiva y destrucción definitiva de mercancías decomisadas.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sido contundente en su criterio: el streaming pirata, el plagio masivo y la falsificación industrial son delitos flagrantes que lesionan la economía.
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