La falta de leyes como la sobreabundancia legislativa

La República Dominicana se enfrenta a una paradoja institucional: lejos de una carencia normativa, el país exhibe una asombrosa superabundancia legislativa, que, paradójicamente, coexiste con una arraigada cultura de inobservancia. Esta dicotomía fue perspicazmente señalada por el Premio Nacional de Periodismo, don Aníbal de Castro, quien describió cómo la nación parece padecer un "superávit legal", con "normas para todo, reglamentos para casi todo y sanciones previstas para mucho más de lo que realmente se cumple".

Un inventario exhaustivo realizado en la Cámara de Diputados reveló que el marco legal dominicano supera las cien mil leyes, cifra que incluye resoluciones y tratados internacionales con categoría legislativa. Este volumen colosal, en lugar de fortalecer el ordenamiento jurídico, contribuye a su dispersión y a una eficacia práctica limitada. La sobreabundancia de normativas puede ser tan perniciosa como su ausencia, pues en ambos extremos se erosiona la autoridad estatal y se convierte la ley en una mera formalidad, desprovista de consecuencias reales.

Esta situación ha propiciado lo que se ha denominado una "cultura del incumplimiento". La legislación dominicana, a pesar de su extensión, rara vez se traduce en disciplina social o autoridad institucional. Se observa una aplicación selectiva de las normas, frecuentemente influenciada por el poder económico, político o social de los involucrados. Esta permisividad se extiende a ordenanzas municipales, disposiciones administrativas y reglas básicas de convivencia, convirtiéndose en una práctica endémica que se manifiesta con mayor crudeza entre quienes ostentan posiciones de poder. Cuando el ciudadano percibe que las transgresiones carecen de repercusiones, la ley deja de ser un principio común para convertirse en un obstáculo negociable.

En este contexto, resulta ilustrativa la figura del filósofo griego Sócrates. Condenado injustamente a muerte en el año 399 antes de nuestra era, acusado de corromper a la juventud y de impiedad, Sócrates rechazó las opciones de escape que le ofrecían sus amigos. Su profundo respeto por el ordenamiento legal de Atenas lo llevó a aceptar el veredicto, prefiriendo beber la cicuta antes que socavar la autoridad de las leyes, dando así un ejemplo imperecedero de coherencia y acatamiento cívico.

La sabiduría de la antigüedad resuena con la advertencia atribuida a Platón, quien puso en boca de las leyes la siguiente sentencia: "Nosotros, las leyes, proponemos lo que mandamos, y no de un modo despótico, sino dejando la opción de que se nos obedezca o se nos convenza de lo contrario. Ahora bien, quien no se acoge a una de estas opciones, no actúa como es debido". Esta reflexión no aboga por una obediencia ciega, sino por la necesidad de una relación constructiva con el marco jurídico, evitando la burla por conveniencia.

La República Dominicana requiere una revisión profunda de su sistema normativo, que implique depurar, eliminar duplicidades, contradicciones y leyes obsoletas. Sin embargo, esta tarea legislativa será incompleta si no se acompaña de una transformación cultural e institucional. Es imperativo fomentar el cumplimiento de la ley como una regla común y universalmente aplicable, ya que tan peligroso es para una nación vivir sin normas como hacerlo sepultada bajo una montaña de legislaciones que nadie cumple, ordena o hace respetar.

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