Justicia se impone en el escenario político: un caso que deja huella

La persecución de supuestos actos de corrupción contra pasados funcionarios del gobierno de Danilo Medina ha sido objeto de intensa atención en la República Dominicana. Aunque se han presentado varios casos, todos ellos parecen tener un trasfondo político común: la intención de destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su presidente.

Uno de los casos más destacados es el del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. La acusación presentada contra él es compleja y mezcla pagos de deudas públicas con operaciones de bancas de apuestas, lo que ha llevado a numerosas críticas y acusaciones de impunidad. La presentación de la acusación en tiempos electorales, cuando el PLD estaba concluyendo su congreso y se disponía a nombrar a su candidato presidencial, ha sido vista como una estrategia para generar impacto mediático y no éxito en los tribunales.

El caso de José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes fueron arrastrados por los pelos a través de la acusación, es particularmente ilustrativo. Fueron sometidos a una persecución prolongada y arbitraria, que incluyó meses de prisión preventiva y daño económico a sus empresas. La única prueba presentada contra ellos fue las confesiones no contrastadas de personas que admitieron delitos y fueron excluidos de la acusación a cambio de suscribir interrogatorios que favorecían a los fiscales.

El pasado viernes, la magistrada Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tomó una decisión valiente al no enviar a juicio de fondo a Peralta y Castillo, y declarar a su favor un auto de no ha lugar. Esta decisión detuvo una injusticia y puso fin a una persecución arbitraria que había durado más de tres años.

La decisión de la magistrada Ramírez ha sido vista como un golpe importante a la persecución selectiva y política que había estado llevando a cabo el Ministerio Público. Los obsesivos acusadores dijeron que apelarán, pero esta vez deberán limitarse a las vías de los recursos y no podrán utilizar sus grupos de presión y prensa afín para condicionar a la población.

En un giro positivo, la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, ha rechazado la práctica de revocar visas a imputados exonerados y jueces no complacientes, estableciendo que las mismas deben responder únicamente a temas de seguridad nacional y a los principios de Estados Unidos. Esta decisión ha sido vista como un paso importante hacia la normalización de la justicia en la República Dominicana.

En resumen, la persecución de supuestos actos de corrupción contra pasados funcionarios del gobierno de Danilo Medina ha sido objeto de intensa atención en la República Dominicana. La decisión de la magistrada Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha detenido una injusticia y pone fin a una persecución arbitraria que había durado más de tres años.

Fuente original: consultar publicación original.