Junts aprieta al PSOE para suspender desahucios de fondos buitre y premiar fiscalmente a caseros

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Madrid. Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa del PSOE una batería de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda y frenar los desahucios. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que los socialistas ven “con buenos ojos” dos propuestas clave: suspender los desahucios en pisos en manos de fondos buitre y aplicar bonificaciones fiscales a los caseros. La negociación, todavía abierta, se produce en plena escalada de precios del alquiler y con la vivienda como uno de los asuntos más sensibles de la legislatura.

El planteamiento de Junts busca atacar dos frentes. Por un lado, impedir que los grandes tenedores, especialmente fondos de inversión y sociedades vinculadas a fondos buitre, puedan ejecutar desahucios sobre inquilinos vulnerables. La formación independentista considera que estos propietarios acumulan carteras de vivienda con fines especulativos y que, en muchos casos, se benefician de incentivos públicos. Por otro, propone bonificaciones fiscales para caseros que alquilen sus inmuebles, con el objetivo de aumentar la oferta y contener los precios.

Nogueras trasladó que el PSOE no ha cerrado la puerta a estas iniciativas. “Ven con buenos ojos” las propuestas, afirmó, aunque los detalles aún deben concretarse. Fuentes de la negociación apuntan que el debate se centra en cómo definir a los fondos buitre, qué requisitos exigir para suspender un desahucio y cómo diseñar las bonificaciones sin generar agravios entre propietarios. También habrá que encajar las medidas en el marco competencial, ya que algunas afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos.

El contexto es de emergencia habitacional. Los desahucios por impago de alquiler siguen siendo una de las principales causas de pérdida de vivienda, mientras el precio del alquiler marca máximos en grandes ciudades y áreas tensionadas. Junts ha convertido la vivienda en una de sus prioridades parlamentarias y utiliza su posición clave en el Congreso para arrancar compromisos al Gobierno. El PSOE, necesitado de apoyos, estudia las propuestas con cautela.

Si prosperan, las medidas podrían suponer un giro en la política de vivienda: más protección para inquilinos de grandes tenedores y más incentivos para movilizar pisos vacíos. Sin embargo, el acuerdo no está cerrado. Los equipos siguen negociando, y cualquier texto final deberá superar enmiendas, informes jurídicos y la resistencia de los sectores inmobiliarios. La pelota, por ahora, sigue en el tejado del PSOE.