Informe electoral en Perú alerta sobre el auge del discurso de odio en la campaña

La Unión Europea (UE) instó este lunes a las autoridades peruanas a frenar los discursos de odio y la incitación a la violencia durante los procesos electorales, tras la presentación de su informe final sobre los comicios generales de este año en el país sudamericano. La jefa de la misión de observación electoral, la eurodiputada Annalisa Corrado, subrayó la necesidad de que las autoridades competentes condenen con prontitud estos discursos y adopten medidas para erradicarlos. La advertencia llega en un momento en que América Latina observa con atención cómo la polarización política puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, un fenómeno que no es exclusivo de Perú, pero que allí ha encontrado un caldo de cultivo particularmente fértil.

La misión, que estuvo en Perú desde febrero y siguió todas las etapas del proceso, verificó que la retórica violenta se intensificó tras la primera vuelta del 12 de abril, en un contexto de polarización y ataques verbales. Este patrón no es nuevo en la región: en varios países latinoamericanos, los periodos poselectorales suelen ser los más vulnerables, cuando las derrotas ajustadas o las acusaciones de fraude sin sustento generan un clima de tensión que puede desembocar en episodios de violencia política o en el debilitamiento de la legitimidad de los resultados. Para el ciudadano común, esto se traduce en una mayor incertidumbre sobre la estabilidad institucional y en el riesgo de que el debate público se degrade hacia la confrontación permanente.

El informe señala casos concretos, como los del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular, quien lanzó insultos y amenazas contra las instituciones electorales tras su derrota, acusándolas de un supuesto fraude sin presentar pruebas. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra López Aliaga meses después, Corrado insistió en que es crucial intervenir durante la campaña para dejar claro que ese tipo de discurso es incompatible con la democracia. La lentitud de la respuesta judicial es un punto que los observadores internacionales han señalado repetidamente: cuando las sanciones llegan tarde, el mensaje que se envía a otros actores políticos es que la retórica violenta puede quedar impune, al menos en el corto plazo.

El documento final incluye 18 recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales en Perú, dirigidas a organismos electorales, el Congreso, el Gobierno, partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación. Entre las prioridades destaca la consolidación del marco legal electoral, actualmente disperso en 14 leyes y 22 reglamentos, así como el aumento de recursos para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la ampliación de herramientas digitales para agilizar el conteo y la publicación de resultados. Esta fragmentación normativa no solo dificulta la labor de los funcionarios electorales, sino que también abre espacios para interpretaciones ambiguas que pueden ser explotadas por actores interesados en cuestionar la transparencia del proceso.

De cara al futuro, será clave observar cómo el Congreso peruano y el Ejecutivo responden a estas recomendaciones. La experiencia comparada en la región sugiere que los informes de observación electoral solo tienen impacto real cuando existe voluntad política para implementar cambios estructurales. En Perú, donde la desconfianza hacia los partidos y las instituciones ha crecido en los últimos ciclos electorales, la capacidad de las autoridades para demostrar que pueden corregir las deficiencias señaladas será determinante para restaurar la fe pública en el sistema democrático. La comunidad internacional, y en particular la UE, mantendrá la atención sobre este proceso, pues lo que ocurra en Perú servirá como termómetro del estado de salud democrática en la región andina.

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