IA contra la violencia de género: abogado Peña propone herramienta para detectar casos en RD
¿Puede la IA anticipar la violencia de género en RD? Un experto propone cruzar datos de salud y justicia para alertar antes de que sea tarde.
El abogado Pascal Peña, especialista en nuevas tecnologías aplicadas al derecho, planteó que la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en una herramienta de apoyo para la detección temprana de casos de violencia de género en República Dominicana, aunque advirtió que el país aún enfrenta desafíos tecnológicos e institucionales para implementar un sistema integrado entre salud y justicia.
Según explicó Peña, la IA tendría la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos provenientes de centros de salud, denuncias previas y registros judiciales para identificar patrones de riesgo y alertar a las autoridades antes de que la violencia escale. La lógica detrás de esta propuesta es que los casos de violencia de género rara vez surgen sin señales previas: las víctimas suelen pasar por múltiples puntos de contacto institucional —consultas médicas, llamadas de emergencia, denuncias formales o informales— antes de que la situación se agrave. Un sistema capaz de cruzar esa información podría detectar esas señales de manera temprana.
Sin embargo, el especialista identificó obstáculos significativos. La falta de interoperabilidad entre los sistemas de salud y justicia, así como la ausencia de protocolos claros para el manejo de información sensible, representan barreras concretas. En la práctica, esto significa que los datos que genera un centro de salud no fluyen hacia los tribunales ni hacia los cuerpos de seguridad, y viceversa, lo que fragmenta cualquier posibilidad de análisis integral. A esto se suma que el país carece de un marco normativo específico que regule cómo se recopila, almacena y comparte información tan delicada.
Peña subrayó que cualquier implementación de este tipo requeriría garantías de protección de datos personales y un marco legal que regule el uso de algoritmos en decisiones que afectan derechos fundamentales. Este punto es particularmente relevante en un contexto donde la IA aplicada a la seguridad ciudadana ha generado debates globales sobre sesgos algorítmicos, vigilancia excesiva y el riesgo de que las herramientas tecnológicas amplifiquen desigualdades existentes en lugar de corregirlas.
El especialista también insistió en la necesidad de capacitar al personal médico, judicial y policial para interpretar correctamente las alertas generadas por la herramienta. Una alerta mal interpretada o desatendida puede tener consecuencias graves para una víctima, por lo que la formación institucional no es un complemento opcional, sino una condición para que el sistema funcione sin generar daños adicionales.
Finalmente, Peña consideró que, pese a las limitaciones actuales, la IA podría complementar —no sustituir— el trabajo de profesionales en la prevención de la violencia de género, siempre que se adopte un enfoque centrado en los derechos humanos y se priorice la inversión en infraestructura tecnológica y formación institucional. La propuesta, en ese sentido, no plantea una solución automática, sino una herramienta que solo sería útil si se construye sobre bases institucionales sólidas y una voluntad política sostenida.
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