Hipólito Mejía exige acciones contundentes para frenar la ola delictiva en República Dominicana
Hipólito Mejía pide “mano dura” contra la delincuencia y evita pronunciarse sobre las más de 46 personas abatidas por la Policía.
El expresidente Hipólito Mejía pidió este lunes a las autoridades actuar con firmeza frente a la delincuencia en la República Dominicana y sostuvo que quienes cometen delitos deben someterse a la acción de la justicia, en un pronunciamiento que reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
Consultado sobre las más de 46 personas abatidas por agentes policiales y los señalamientos de que algunos de esos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, Mejía afirmó desconocer los detalles particulares de esos hechos, por lo que evitó emitir una valoración concluyente. "Puede ser verdad y puede ser mentira, pero lo importante es que lo que yo estoy seguro es que hay que poner mano dura en el país. No podemos hacerle muecas a mucha gente que anda haciendo travesuras", declaró el exmandatario.
La posición de Mejía ilustra una tensión recurrente en el debate público dominicano: la demanda ciudadana de respuestas contundentes ante la criminalidad frente a la obligación estatal de garantizar que esas respuestas se ajusten al debido proceso. El exjefe de Estado sostuvo que las personas señaladas por cometer delitos deben entender que tienen que responder ante las autoridades, aunque sus declaraciones no implicaron una aprobación expresa de los denominados intercambios de disparos registrados durante operativos policiales.
El pronunciamiento adquiere relevancia porque proviene de una figura de alto perfil dentro del sistema político dominicano. Mejía también recordó que durante su gestión procuró mantener diálogos con determinados sectores de la sociedad y defendió la necesidad de actuar frente a quienes incurren en conductas delictivas, lo que sugiere una continuidad en su postura de privilegiar la negociación sin renunciar a la aplicación de la ley.
Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las actuaciones de la Policía Nacional y las denuncias de presuntos excesos en el uso de la fuerza, un tema que ha generado cuestionamientos de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. Ese escrutinio coloca a las autoridades ante el desafío de demostrar que cada intervención policial se realiza dentro del marco legal, especialmente cuando el resultado es la pérdida de vidas.
El planteamiento de Mejía combina un llamado a endurecer la respuesta frente a la delincuencia con el reconocimiento de que no dispone de información suficiente para pronunciarse sobre los casos específicos de personas abatidas por agentes policiales. Esa ambivalencia refleja la complejidad de un problema que exige, según coinciden diversos actores, tanto eficacia operativa como transparencia institucional y respeto a los derechos fundamentales.
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