GoldQuest: la presión política desplaza el debido proceso

La suspensión de los estudios de impacto ambiental vinculados al proyecto Goldquest trasciende el debate minero y expone una cuestión más amplia: la forma en que República Dominicana gestiona sus disputas de alta complejidad. El episodio pone bajo la lupa el funcionamiento de sus instituciones y la capacidad del Estado para resolver tensiones entre desarrollo, territorio, ambiente y comunidad sin desbordar el marco técnico.

Un Estudio de Impacto Ambiental no está diseñado para validar de antemano una iniciativa, sino para establecer si puede ejecutarse, en qué condiciones, con qué restricciones o si debe descartarse. Detener ese proceso antes de su cierre, ya sea por presión social o por cálculos políticos, no resuelve el conflicto ni protege la inversión; más bien debilita el único instrumento pensado para evaluar con rigor los efectos de un proyecto.

El país ya ha vivido decisiones ambientales adoptadas al margen de la evaluación técnica: en ocasiones para habilitar proyectos cuestionados y, en otras, para frenarlos antes de que las instituciones concluyeran su análisis. El saldo ha sido repetido: mayor desconfianza, más confrontación y menos certeza sobre las reglas que deben regir este tipo de procesos. La novedad ahora es que todo ocurre de manera visible y con un gobierno que contaba con margen político para optar por una salida más institucional.

La desconfianza de las comunidades no carece de fundamento. Responde a una memoria acumulada de pasivos ambientales sin resolver, promesas incumplidas y consultas que muchas veces funcionaron como trámite, no como participación efectiva. Sin embargo, también es cierto que un país necesita normas estables para operar. Ambas realidades conviven y ninguna debería ser ignorada.

Las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y exigir garantías ambientales, y ese ejercicio es legítimo en una democracia. Lo que no resulta sostenible es convertir la intensidad del conflicto en el principal criterio de decisión pública. Si eso ocurre, el incentivo deja de ser participar en el procedimiento y pasa a ser aumentar la presión sobre él, con el riesgo de dejar a los actores sociales dependiendo de la capacidad de ruido de cada disputa.

El impacto más profundo no recae solo sobre Goldquest, sino sobre cualquier proyecto que en adelante requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional, desde infraestructura y energía hasta turismo, agua y ordenamiento territorial. La señal que queda es inquietante: los procedimientos pueden volverse negociables si la presión alcanza suficiente nivel. La salida, por tanto, pasa por retomar el proceso con información verificable, participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado, y garantías de que no se trate de una formalidad vacía.

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