Gobierno dominicano prepara marco legal para regular los alquileres vacacionales

El presidente Luis Abinader reveló este lunes que el Gobierno dominicano evalúa establecer una regulación para los alquileres de corta duración ofrecidos a través de plataformas digitales como Airbnb, ante el impacto que esta modalidad podría tener en el mercado inmobiliario del país. Durante su participación en LA Agenda Semanal, el mandatario respondió a una pregunta sobre el efecto de los alquileres de corta estancia en la vivienda, señalando que la medida se estudia “como en todos los países y para regularlo también”.

La declaración presidencial pone sobre la mesa un debate que ha cobrado fuerza en múltiples economías de la región: cómo equilibrar el dinamismo de la economía colaborativa con la necesidad de proteger el acceso a la vivienda. En República Dominicana, el auge del turismo ha convertido a ciudades como Santo Domingo, Punta Cana y Puerto Plata en destinos atractivos para inversores que ven en plataformas digitales una vía para rentabilizar propiedades, muchas veces adquiridas exclusivamente con ese fin.

Abinader explicó que cada vez más personas compran apartamentos con el propósito exclusivo de destinarlos a plataformas como Airbnb, un fenómeno que, a su juicio, incrementa la demanda de inmuebles con fines de inversión y podría presionar al alza los precios de las viviendas. Este efecto, conocido en la literatura económica como “turistificación” del mercado inmobiliario, ya ha sido documentado en ciudades como Ciudad de México, Lisboa o Barcelona, donde la proliferación de alquileres vacacionales ha reducido la oferta de viviendas para residentes locales y encarecido los alquileres tradicionales.

El tema ya ha tenido avances en instancias oficiales. En julio pasado, la propia Airbnb manifestó su respaldo a la propuesta del Ministerio de Turismo para crear un Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), una iniciativa orientada a formalizar y registrar los alojamientos de corta estancia. Este mecanismo buscaría dar trazabilidad a una actividad que hoy opera en un limbo normativo, sin obligaciones claras en materia fiscal, sanitaria o de seguridad para los huéspedes.

No obstante, la plataforma condicionó su apoyo a que la regulación establezca una clara distinción entre los anfitriones residenciales y la operación hotelera tradicional, un punto que seguirá siendo clave en el diseño de la futura normativa. La tensión de fondo es evidente: mientras el sector hotelero formal reclama igualdad de condiciones competitivas, los anfitriones particulares defienden un modelo que les permite generar ingresos complementarios con sus viviendas habituales.

Para el lector interesado en el devenir económico del país, conviene observar tres elementos en los próximos meses: primero, si el proyecto de ley que surja del Ejecutivo establece topes de días de arrendamiento por propiedad o exigencias de licencias diferenciadas; segundo, cómo se resolverá la fiscalidad de estas operaciones, un punto que suele ser el más sensible en negociaciones con las plataformas; y tercero, si la regulación contempla incentivos para la construcción de vivienda asequible, una medida que algunos países han adoptado para contrarrestar el efecto de los alquileres vacacionales sobre los precios.

La decisión del Gobierno dominicano de abordar este fenómeno de manera proactiva, en lugar de esperar a que los problemas se agudicen, refleja una tendencia regional hacia la modernización normativa. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de que el marco legal resultante logre un equilibrio que proteja tanto el derecho a la vivienda como la pujanza de un sector turístico que representa uno de los motores principales de la economía nacional.

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