Gobierno dominicano expulsa a nueve diplomáticos cubanos: ordena salida inmediata del país

El Gobierno de República Dominicana ordenó la expulsión de nueve funcionarios diplomáticos cubanos y sus familiares, un total de 21 personas, quienes tienen un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). La medida, enmarcada en las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, representa un nuevo escalón en la tensión bilateral entre ambos países caribeños y marca un precedente en la política exterior dominicana hacia la isla.

El Mirex justificó la acción en las facultades que el derecho internacional otorga al Estado receptor para declarar persona non grata a miembros de una misión diplomática. Este instrumento legal, ampliamente utilizado en la comunidad internacional, permite al país anfitrión exigir la salida de diplomáticos sin necesidad de ofrecer explicaciones públicas detalladas. La decisión, según el comunicado oficial, se ejecutará con discreción y a través de los canales diplomáticos establecidos, lo que sugiere que las autoridades buscan evitar una escalada retórica innecesaria.

Este episodio no ocurre en el vacío. República Dominicana ya había excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre pasado en territorio dominicano. En aquella ocasión, el Gobierno justificó la decisión como un intento de preservar el enfoque del foro en sus objetivos democráticos y de desarrollo. Ahora, esta nueva acción contra la representación diplomática cubana profundiza un distanciamiento que parecía latente y que podría reconfigurar las relaciones bilaterales en el corto plazo.

Para el lector dominicano, esta medida tiene implicaciones prácticas y simbólicas. Por un lado, refuerza la postura soberana del país en materia de política exterior, pero por otro, podría afectar los vínculos consulares y comerciales con Cuba, un socio histórico en la región. Además, la expulsión de diplomáticos suele generar reacciones recíprocas, por lo que no se descarta que La Habana responda con una acción similar contra funcionarios dominicanos acreditados en la isla.

Los analistas observan con atención si esta decisión responde a un motivo específico no revelado o si forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno dominicano para alinear su política exterior con ciertos estándares regionales. La referencia a la Convención de Viena sugiere que las autoridades buscan blindar jurídicamente la medida, pero la falta de detalles deja espacio para especulaciones sobre posibles incidentes previos o desacuerdos bilaterales no divulgados.

Conviene seguir de cerca los próximos movimientos de ambas cancillerías. La salida efectiva de los diplomáticos en el plazo estipulado, la posible respuesta cubana y el impacto en los acuerdos migratorios o comerciales entre ambos países serán elementos clave para dimensionar el alcance real de esta decisión. Por ahora, el Gobierno dominicano ha dejado claro que está dispuesto a ejercer su soberanía sin titubeos, incluso cuando ello implique un costo en sus relaciones con un vecino histórico.

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