Gobierno dominicano da luz verde a extradición de Mario Juan García

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RD extradita a EEUU a acusado de delitos sexuales contra menores; caso Connecticut activa cooperación judicial.

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El Poder Ejecutivo dominicano dispuso este lunes la extradición a Estados Unidos del ciudadano Mario Juan García, requerido por la justicia de Connecticut para responder por acusaciones de delitos sexuales contra menores, según el Decreto 543-26.

La medida responde a una solicitud formal vinculada al caso policial número 2405010020, presentado el 25 de julio de 2025 ante el Tribunal Superior del Estado de Connecticut. García enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo a un menor y promover la participación de un menor en una representación obscena, delitos que en la jurisdicción estadounidense conllevan penas significativas si se confirma su responsabilidad.

Con esta disposición, las autoridades dominicanas autorizan la entrega del acusado para que sea procesado en territorio estadounidense, en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional entre ambos países. La extradición permitirá que García enfrente el debido proceso conforme a las leyes de Connecticut, donde el sistema judicial cuenta con protocolos específicos para casos que involucran a víctimas menores de edad.

Esta decisión se enmarca en el creciente flujo de solicitudes de extradición que República Dominicana procesa cada año, particularmente desde Estados Unidos, en delitos que van desde narcotráfico hasta crímenes cibernéticos y abuso sexual. La agilidad con la que el Poder Ejecutivo ha respondido a este requerimiento refleja la prioridad que las autoridades dominicanas otorgan a los casos de protección a la infancia y a la colaboración con jurisdicciones extranjeras en materia penal.

Para los lectores, es relevante entender que la extradición no implica una declaración de culpabilidad, sino la autorización para que el acusado sea juzgado en el país que lo reclama. En este caso, el proceso se desarrollará bajo el sistema judicial de Connecticut, donde la fiscalía deberá presentar las pruebas correspondientes ante un tribunal. La defensa de García tendrá la oportunidad de impugnar los cargos en ese escenario.

Conviene observar los siguientes pasos del proceso: la coordinación logística entre las autoridades migratorias dominicanas y los alguaciles estadounidenses para el traslado del acusado, así como el cronograma que fije el Tribunal Superior de Connecticut para la presentación formal de cargos. También será pertinente dar seguimiento a si este caso genera precedentes sobre cómo República Dominicana maneja solicitudes similares en el futuro, especialmente en delitos que involucran a menores.

La cooperación judicial entre ambos países ha sido históricamente activa, y este tipo de decisiones suele ejecutarse en un plazo de semanas o pocos meses, dependiendo de los recursos legales que la defensa pueda interponer antes del traslado definitivo.

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