Gobierno activa plan para proteger tierras de la Reforma Agraria ante ocupaciones ilegales

El Gobierno dominicano pondrá en marcha un protocolo de actuación para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos de la Reforma Agraria, con el objetivo de intervenir las demarcaciones afectadas y reforzar la seguridad jurídica de miles de productores en todo el país. El plan será coordinado por los ministros de Justicia, Antoliano Peralta, y de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas.

Tras una reunión de trabajo, las autoridades acordaron iniciar un levantamiento para establecer una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los distintos puntos afectados, entre ellos Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia. El ministro de Justicia afirmó que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos legales para enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. Indicó que cada caso será evaluado de manera individual, ya que aunque tengan la misma naturaleza, son realidades distintas.

De su lado, Oliverio Espaillat sostuvo que garantizar la seguridad sobre las tierras constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. “Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país y los parceleros juegan un rol de mucha importancia en la cadena productiva, por eso estamos aquí dando los pasos de lugar para buscar soluciones a las preocupaciones de las organizaciones parcelarias. Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, expresó.

Como parte de los acuerdos, se conformará una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos para avanzar en la regularización y titulación definitiva. En la reunión participaron los representantes jurídicos de las instituciones oficiales involucradas y dirigentes campesinos como Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, de la Federación Gregorio Luperón. Los representantes denunciaron que desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos recurren a distintas artimañas y, según advirtieron, se valen de supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para desplazar a legítimos productores de sus predios, prácticas que no solo amenazan la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que durante años han trabajado la tierra, sino que generan conflictos que pueden poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas. El protocolo contemplará mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con participación de las organizaciones campesinas y estricto apego al debido proceso y al marco legal vigente.

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