Ginecóloga enfrenta graves acusaciones en el entramado de corrupción Senasa 2.0
Doctora enfrenta cargos por fraude al Senasa y una liposucción letal en clínica clandestina. Conoce los detalles del caso que estremece a Santo Domingo Este.
La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez enfrenta graves imputaciones por fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y por operar una clínica de estética clandestina en Santo Domingo Este, donde un barbero sin formación médica realizó una liposucción que causó la muerte de la joven Rebecca Brizard, de 28 años, en julio pasado.
Basora Ramírez forma parte de un grupo de 22 médicos detenidos recientemente por el Ministerio Público, acusados de cobrar por consultas y procedimientos especializados no realizados a afiliados del Senasa. En su caso específico, se le atribuye haber presentado reclamaciones a la ARS por supuestos procedimientos ginecológicos practicados a hombres, incluyendo diagnósticos "manifiestamente incompatibles con su condición biológica de sexo masculino", según el documento de solicitud de medida de coerción del caso denominado Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.
El expediente señala que el 22 de julio de 2024, Basora sometió dos reclamaciones médicas en las que atribuyó a un hombre un "trastorno no inflamatorio especificado de la vulva" y una "resección de granuloma vulvoperineal". Durante el allanamiento a su propiedad, las autoridades ocuparon documentos societarios de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento Dra. Griselda Basora y del Centro Médico de Salud Integral y Cirugía Estética (CEMESICE).
En julio, Salud Pública informó que la clínica de la imputada funcionaba de manera clandestina y carecía de los equipos necesarios para intervenciones quirúrgicas. En ese centro, el barbero Enmanuel Hernández, sin acreditación como cirujano plástico, practicó la liposucción que resultó fatal para Brizard. Hernández salió del país tras conocerse el fallecimiento. Este domingo a las 7:00 de la noche, el juez de la Oficina de Atención Permanente dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, que incluye 18 meses de prisión preventiva para los implicados. Asimismo, la afiliada María de los Ángeles Flores Ovando presentó la primera querella civil contra Basora y otros médicos, reclamando una indemnización de 20 millones de pesos por el uso fraudulento de sus datos personales y la falsificación de su firma para facturar procedimientos nunca realizados en septiembre de 2025.
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