Finjus alerta sobre fallas estructurales que amenazan la credibilidad de la justicia dominicana
Justicia dominicana bajo la lupa: Finjus revela casos de presos sin sentencia por casi 20 años. ¿Fallas sistémicas? Descubre el alarmante informe y su impacto…
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) alertó este martes sobre graves fallas estructurales en el sistema de justicia penal dominicano, tras documentar casos de ciudadanos que permanecieron privados de libertad durante casi dos décadas sin sentencia definitiva, así como detenciones prolongadas sin presentación ante un juez.
En un comunicado, la entidad citó el caso de un hombre que estuvo en prisión preventiva desde 2006 hasta 2026, sin que se emitiera una resolución final, hasta que la Defensoría Pública intervino y logró su liberación. También recordó la situación de 13 personas que fueron detenidas por más de un mes sin ser llevadas ante la autoridad judicial, y que solo recuperaron su libertad mediante un hábeas corpus. Estos episodios, según Finjus, no son hechos aislados, sino síntomas de un problema sistémico que afecta la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La advertencia de Finjus cobra relevancia en un contexto donde la prisión preventiva se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por el sistema penal dominicano, a menudo en detrimento del principio de presunción de inocencia. La lentitud procesal, la falta de seguimiento de los expedientes y la ausencia de mecanismos eficaces de control judicial han propiciado que, en la práctica, la detención preventiva se convierta en una pena anticipada, vulnerando garantías constitucionales fundamentales.
La institución subrayó que, aunque la seguridad ciudadana exige respuestas firmes contra el delito, el poder punitivo del Estado debe ejercerse dentro de los límites de la Constitución, la proporcionalidad y el debido proceso. En ese sentido, insistió en que la libertad es la regla y cualquier restricción debe estar sujeta a controles estrictos. Diferenció la detención policial, la prisión preventiva y el cumplimiento de condena como figuras jurídicas distintas, y recordó que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia.
Para los ciudadanos, estas fallas representan un riesgo directo: nadie está exento de verse envuelto en un proceso penal, y la posibilidad de permanecer años detenido sin sentencia definitiva es una amenaza real a los derechos fundamentales. Además, el uso excesivo de la prisión preventiva satura el sistema penitenciario, que ya enfrenta problemas de hacinamiento y condiciones precarias, lo que agrava la crisis del sistema de justicia.
Por ello, Finjus instó a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades penitenciarias a evitar que nadie permanezca encarcelado por ineficiencias o falta de coordinación. La fundación también respaldó la creación de una comisión para dar seguimiento al Código Penal, un paso que podría contribuir a corregir las deficiencias normativas y operativas que han permitido estas situaciones.
De cara al futuro, será clave observar cómo reaccionan las instituciones ante este llamado, qué medidas concretas adoptan para reducir los tiempos procesales y si la comisión de seguimiento al Código Penal logra traducirse en reformas efectivas. La credibilidad de la justicia dominicana depende, en gran medida, de que estos casos documentados no queden en simples denuncias, sino que impulsen cambios estructurales reales.
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