Expertos advierten: revisión de torres es vital ante riesgo sísmico en RD

La República Dominicana enfrenta un desafío crítico en su desarrollo urbano: mientras las torres habitacionales proliferan en todo el país, la vulnerabilidad sísmica del territorio exige que cada nuevo proyecto cumpla con rigurosos análisis de respuesta del suelo para evitar tragedias ante un eventual terremoto. El llamado de los expertos no es un ejercicio teórico, sino una advertencia con base científica y respaldo en cifras oficiales que marcan una tendencia preocupante en el sector construcción.

El geólogo Osiris de León advierte que las edificaciones levantadas sobre suelos blandos, característicos de gran parte del Gran Santo Domingo y el valle del Cibao, requieren un estudio de respuesta sísmica local antes del diseño estructural. Estos terrenos, con bajas frecuencias de oscilación y fuertes contrastes de impedancia, pueden amplificar las ondas sísmicas y comprometer estructuras que no consideraron esta variable. En términos prácticos, dos edificios de la misma altura pueden comportarse de manera muy distinta ante un sismo dependiendo del suelo donde se asienten, lo que convierte el análisis geotécnico en un requisito ineludible, no en un trámite administrativo.

La urgencia del llamado se sustenta en cifras oficiales: durante el primer semestre de este año, las construcciones verticales representaron el 57.6 % de los 5,450,657.5 metros cuadrados con licencias, un incremento del 122.8 % respecto al mismo período anterior. El Ministerio de Vivienda otorgó 102 permisos para edificios de siete a quince niveles entre enero y julio, casi el triple que el año pasado. Esta aceleración implica que cientos de miles de personas residirán en torres cuya seguridad sísmica dependerá de decisiones tomadas hoy, en la fase de diseño y aprobación de permisos.

De León insiste en que el Reglamento R-001, vigente desde 2011, debe actualizarse para incluir microzonificación sísmica y fortalecer las evaluaciones locales. La microzonificación permitiría clasificar el territorio según su comportamiento geotécnico, de modo que los constructores sepan de antemano qué exigencias técnicas aplican en cada zona. Sin esta herramienta, el país opera con estándares generales que no capturan las particularidades del terreno, una brecha normativa que se vuelve más riesgosa a medida que la densidad habitacional crece.

Mientras tanto, el presidente de Copymecon, Eliseo Christopher, dirige su preocupación hacia las construcciones informales que rodean los proyectos formales: "Si ocurriera una catástrofe como la de Colombia o Venezuela, miles de edificaciones irregulares colapsarían", afirmó. El riesgo no se limita a las torres con permisos; el crecimiento desordenado en zonas periféricas multiplica la exposición de hogares vulnerables que carecen de cualquier estándar técnico. En este contexto, el nuevo Código Penal, vigente desde agosto de 2026, tipifica las invasiones de tierra como delito, un paso clave para frenar el crecimiento desordenado, aunque su efectividad dependerá de la capacidad institucional para aplicarlo de manera consistente.

Para el lector, la discusión tiene implicaciones directas: quienes compran apartamentos en edificios nuevos deberían preguntar si el proyecto incluyó estudios de respuesta sísmica local y si el suelo fue evaluado por especialistas. La diferencia entre un estudio geotécnico riguroso y uno superficial puede ser la diferencia entre un edificio que resiste y uno que colapsa. A su vez, los formuladores de políticas enfrentan la tarea de actualizar el marco regulatorio sin frenar la inversión, un equilibrio delicado que requiere voluntad técnica y política.

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