El vacío constitucional que deja en duda la ley observada por Abinader
“¿Qué sucede cuando el Presidente no se pronuncia? La ley aprobada por la Cámara sigue activa, poniendo en riesgo la solución a 30 años de deudas estatales.”
La iniciativa destinada a saldar obligaciones acumuladas por el Estado con contratistas desde 1996 quedó atrapada en una situación constitucional incierta después de ser observada por el presidente Luis Abinader. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó otra propuesta para atender el mismo asunto, aunque con ajustes en su contenido y en el mecanismo de pago.
El punto de tensión es que el proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026 y convertido en ley, no ha sido retirado formalmente del trámite legislativo. Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo, la pieza sigue activa en el Congreso, lo que abre la posibilidad de que quede aprobada de manera automática si permanece sin movimiento durante dos legislaturas.
La Constitución establece en su artículo 102 el procedimiento para las leyes observadas: el presidente debe devolver la pieza a la cámara de origen, señalar los artículos cuestionados y explicar las razones de su objeción. Después, la cámara correspondiente debe volver a votar el texto en una sola lectura. Sin embargo, el artículo 103 añade que todo proyecto de ley dispone de dos legislaturas ordinarias para completar su trámite; de lo contrario, la observación se considera aceptada y la ley queda aprobada automáticamente.
La propuesta inicial reconocía de forma directa deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas ya identificados, vinculados con obras y servicios acumulados desde 1996. Abinader objetó ese texto al considerar que no precisaba con exactitud el monto total que tendría que desembolsar el Estado ni individualizaba de manera formal a todas las empresas y personas beneficiadas.
Tras esa observación, la Cámara de Diputados promovió una nueva iniciativa presentada por su presidente, Alfredo Pacheco. Ese texto sustituye el reconocimiento automático de las acreencias por un proceso de verificación previa y crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier pago.
Según explicó Pacheco, esa comisión podrá rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, aunque no tendrá facultad para incorporar nuevos beneficiarios. El nuevo proyecto ya fue remitido al Poder Ejecutivo y espera promulgación, mientras la pieza original continúa sin una salida definitiva dentro del Congreso, en medio de dos expedientes legislativos sobre las mismas deudas estatales.
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