El manejo de desechos en RD: un negocio que no puede costarle caro a todos

El manejo de los desechos sólidos en República Dominicana se ha convertido en un tema de alta tensión política y social. Este miércoles, el Secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo, Pedro Pablo Díaz, cuestionó la aplicación de la ley de residuos sólidos impulsada por el Gobierno y advirtió sobre el peligro de que el nuevo modelo de gestión termine concentrando el servicio en pocas manos, convirtiendo un problema público en un negocio privado que pagarían todos los ciudadanos.

Las declaraciones de Díaz ponen el foco en uno de los puntos más sensibles de la normativa: la posibilidad de que se genere un monopolio en la recolección y disposición final de la basura. Aunque el dirigente reconoce que la ley es necesaria para ordenar un sistema que históricamente ha sido caótico, señaló que los vacíos legales podrían favorecer prácticas excluyentes. "La ley debe garantizar competencia y participación ciudadana, no abrir la puerta a prácticas excluyentes", expresó, en un llamado directo a las autoridades para que revisen los contratos y mecanismos de concesión.

El debate no es menor. En un país donde los ayuntamientos manejan presupuestos limitados y donde el reciclaje informal es el sustento de miles de familias, la forma en que se ejecute esta ley definirá quién gana y quién pierde en la cadena de los residuos. La advertencia de Díaz apunta a que, sin controles efectivos, las empresas privadas podrían dominar el mercado, desplazando a los pequeños recicladores y dejando a los gobiernos locales sin capacidad de negociación. Esto no solo afectaría la economía de los sectores más vulnerables, sino que también encarecería el servicio para el ciudadano común, que terminaría asumiendo el costo de un sistema mal diseñado.

El contexto es clave. La ley de residuos sólidos busca modernizar un servicio que ha sido señalado por su ineficiencia y su impacto ambiental. Sin embargo, su implementación ha generado críticas desde varios frentes, no solo por el posible monopolio, sino también por la falta de transparencia en la ejecución de la política pública. Díaz, quien además es exfuncionario, pidió que se priorice la participación de las comunidades y de los sectores informales que dependen del reciclaje, un recordatorio de que cualquier reforma debe tener un rostro humano y no solo un balance contable.

Para el lector, este tema tiene implicaciones directas. El costo del manejo de la basura no es un asunto técnico lejano: se refleja en las tasas municipales, en la calidad del servicio de recolección y en la salud ambiental de los barrios. Si el modelo termina favoreciendo a unos pocos, serán los ciudadanos quienes paguen la factura, tanto en dinero como en servicios deficientes. Por eso, las declaraciones de Díaz no son solo un pronunciamiento político, sino una alerta sobre la necesidad de que la ley se implemente con reglas claras, supervisión efectiva y espacios reales para la participación ciudadana.

Conviene observar, en los próximos meses, cómo evolucionan las licitaciones y concesiones que se deriven de esta normativa. La clave estará en si el Gobierno logra equilibrar la modernización del servicio con la protección de los actores más pequeños y la transparencia en los contratos. Mientras tanto, el debate queda abierto: ordenar la basura no puede convertirse en un negocio que le cueste caro a todos.

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