Dolor y clamor de familias del Jet Set marca inicio de audiencia por justicia

La noche del 8 de abril de 2025 marcó un antes y un después en la vida de José María Llorente, quien perdió a su esposa en el derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, una tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. Este viernes, los familiares de las víctimas vuelven a las puertas de la justicia con una nueva audiencia del juicio de fondo, en la que exigen respuestas y responsabilidades por la peor catástrofe en la historia reciente de la República Dominicana. El caso, que conmocionó al país, avanza en los tribunales mientras los deudos mantienen su demanda de que se esclarezcan las causas del colapso y se sancione a los responsables.

La audiencia de este viernes corresponde a la etapa de juicio de fondo, la fase del proceso penal en la que se presentan y debaten las pruebas que sustentan la acusación y la defensa, y tras la cual el tribunal está llamado a dictar sentencia. Para las familias, cada comparecencia representa no solo un paso procesal, sino la oportunidad de escuchar en sede judicial las explicaciones que, según han sostenido, les fueron negadas desde el primer momento. El derrumbe ocurrió durante una presentación nocturna en un recinto con amplia concurrencia, lo que convirtió la emergencia en un operativo de rescate de gran escala que se prolongó por días.

El impacto de la tragedia trasciende el número de víctimas. Detrás de las 236 personas fallecidas y los más de 180 heridos hay núcleos familiares rotos, niños que perdieron a uno o ambos progenitores y sobrevivientes que arrastran secuelas físicas y emocionales. Casos como el de Llorente ilustran una dimensión que los expedientes judiciales suelen recoger solo en parte: el duelo prolongado de quienes, además de enfrentar la pérdida, han tenido que convertirse en querellantes y portavoces de una demanda colectiva de justicia.

Para los lectores que siguen el caso, conviene distinguir entre las distintas dimensiones del proceso. La vía penal busca determinar responsabilidades individuales por el colapso; la vía civil, cuando se activa, apunta a reparaciones económicas para las víctimas y sus dependientes; y la vía administrativa puede involucrar a las autoridades de supervisión de estructuras y espectáculos públicos. Cada una avanza a su propio ritmo y con estándares probatorios distintos, lo que explica por qué la percepción de justicia de las familias no depende únicamente de lo que ocurra en la sala de audiencias.

El caso Jet Set también ha instalado en el debate público dominicano la discusión sobre los protocolos de seguridad en espacios de gran concentración de personas, la fiscalización de estructuras y la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud. Aunque el tribunal se pronuncia sobre hechos concretos, el precedente que resulte de este proceso puede influir en cómo se regulan y supervisan en el futuro recintos similares en todo el país.

Las familias han mantenido una posición constante: no buscan solo una condena, sino que se establezca con claridad qué falló y quién debía evitarlo. Esa exigencia de esclarecimiento es, en la práctica, el eje que articula su presencia en cada audiencia. El desarrollo del juicio de fondo y la manera en que el tribunal valore las pruebas serán determinantes para responder, al menos en el plano judicial, a un clamor que la sociedad dominicana sigue con atención.

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