Derechos sin deberes en la era del linchamiento digital

El diseño constitucional de un Estado social y democrático de Derecho no responde a un idilio estático, sino a un escenario de tensiones dinámicas entre derechos y deberes.

En su arquitectura jurídica, los derechos y los deberes fundamentales se sitúan en extremos opuestos de una balanza de precisión.

La salud de la república y la viabilidad del pacto social dependen de la convivencia simétrica y ponderada de estas dos fuerzas cooperantes.

Sin embargo, cuando estos extremos se desbordan en un ejercicio absoluto, insolidario y abusivo, el tejido social experimenta una peligrosa hipertrofia.

Es en ese preciso instante de asimetría cuando el Estado debe activar sus mecanismos institucionales para aplicar el rasero de la ley: un parámetro normativo y homeostático que nivele el cumplimiento de ambas dimensiones, restaurando la paz pública dentro de los límites de la saturación normal del conflicto.

Tradicionalmente, la noción de un rasero unificador remite a la igualación estricta ante la norma.

En el contexto de la sociología jurídica contemporánea y el constitucionalismo moderno, este principio adquiere un papel clave: no opera como una disminución autoritaria de los derechos fundamentales, sino como una respuesta legítima del aparato estatal para corregir las distorsiones que surgen cuando un derecho fundamental se divorcia de su función social, o cuando el ciudadano pretende habitar en una democracia de puras prerrogativas, vacía de obligaciones básicas.

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