Defensa en el caso Senasa 2.0 denuncia trabas para asistir a su representante

SANTO DOMINGO.- El abogado Alfonso Ramos denunció este jueves que su representado, el ortopedista Díaz Encarnación, detenido en el marco de los allanamientos simultáneos del caso Senasa 2.0, ha sido interrogado durante todo el día por la Procuraduría General de la República sin que se le haya permitido ejercer su derecho a ser asistido por un abogado de su elección, situación que calificó como una "franca violación" de sus garantías fundamentales.

Ramos explicó que tanto él como su cliente se encuentran en la Procuraduría desde las 9:00 de la mañana, y que hasta las 7:00 de la noche no había podido tener "ni siquiera la primera impresión" con el imputado. El jurista sostuvo que el órgano acusador utiliza este mecanismo para "sustraer información a los implicados", quienes a su juicio quedan sin ningún mecanismo de defensa. "Ha sido imposible tener contacto con él. Sin embargo, lo han tenido el día entero bajo interrogatorio", expresó, al considerar que la Procuraduría apela a una "estrategia de cansancio".

El profesional del derecho recordó que el artículo 96.9 del Código Procesal Penal y la Constitución establecen que toda persona citada por el Estado tiene derecho a consultarse con un abogado desde el primer momento. Ese derecho de asistencia letrada constituye uno de los pilares del debido proceso: permite que el imputado conozca el alcance de la investigación en su contra, reciba orientación sobre cómo responder y evite declarar sin comprender las consecuencias jurídicas de sus palabras. Cuando ese acceso se retrasa, la defensa sostiene que se compromete la validez misma del interrogatorio.

El Dr. Díaz Encarnación fue apresado durante los allanamientos realizados en la madrugada junto a otras 27 personas presuntamente vinculadas al caso Senasa 2.0, que investiga un esquema de fraude en el que, según el Ministerio Público, se detectaron consultas de ginecología cargadas a nombre de hombres. Ramos precisó que su cliente hasta el momento es inocente, aunque se encuentra en proceso de investigación, y subrayó que corresponde a la Procuraduría demostrar la acusación.

La denuncia de Ramos coloca el foco en un aspecto que suele definir la suerte procesal de los imputados: las condiciones en que se produce el primer contacto con el Ministerio Público. En casos de investigaciones complejas con múltiples detenidos, la coordinación de interrogatorios y la presencia simultánea de abogados plantean desafíos operativos, pero los tribunales han reiterado que la garantía de defensa no admite excepciones por conveniencia investigativa. Lo que ocurra en las próximas horas —si se formaliza o no una medida de coerción y bajo qué cargos— marcará la ruta de un expediente que ya involucra a casi una treintena de personas.

Para los lectores, conviene observar tres elementos: si la Procuraduría responde públicamente a la denuncia del abogado; si el imputado comparece ante un juez con asistencia letrada efectiva; y si la defensa formaliza algún recurso por la alegada violación al artículo 96.9. El caso Senasa 2.0, por su magnitud y por el tipo de fraude que se investiga, se perfila como una prueba de cómo el sistema penal dominicano equilibra la eficacia de la persecución con el respeto a las garantías que protegen a toda persona señalada, aún en calidad de investigada.

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