CNM frente al espejo: los retos que marcarán la justicia dominicana
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¿Teatro de las apariencias? El CNM reconfigura la SCJ entre renuncias, opacidad y acuerdos políticos. Análisis crítico…
El inicio de las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha reavivado el debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), marcado por la decisión de cuatro magistrados, incluido el presidente de la alta corte, de no someterse a la evaluación, una postura que, aunque legítima, expone las grietas de un diseño institucional que ha sido cuestionado durante años.
La renuncia a la reelección, como la expresada por el magistrado Herrera Carbuccia, quien asegura haber tomado la decisión hace más de siete años, contrasta con la percepción pública de que estos procesos operan como un "teatro de las apariencias".
En la práctica, el CNM, con su composición y facultades reformadas en 2010, ha actuado como un soberano absoluto, reconfigurando la SCJ sin consensos articulados y bajo acuerdos políticos opacos, lo que ha generado desconfianza y ha puesto en tela de juicio la cualificación técnica de algunos designados.
El carácter político de la elección de los jueces de altas cortes es inevitable y, en una democracia, hasta deseable, pues otorga legitimación democrática y permite controles políticos.
Sin embargo, el problema radica en la falta de criterios objetivos y en la precariedad de los mecanismos de consenso, como lo evidenció la experiencia del expresidente Hipólito Mejía, quien, con una mayoría precaria en el CNM, se vio obligado a negociar abiertamente, revelando la naturaleza política del proceso que muchos prefieren ocultar.
En cuanto a la elección del próximo presidente de la SCJ, el debate se ha centrado en si debe provenir de la carrera judicial o de fuera de ella, aunque no existe evidencia empírica que favorezca una opción sobre la otra.
El verdadero desafío para el CNM, presidido por Luis Abinader, es seleccionar a un líder con la visión para integrar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la administración de justicia, dar continuidad a las reformas en curso, reducir la mora judicial sin sacrificar calidad, y fortalecer el diálogo interinstitucional con el Tribunal Constitucional.
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