Caso GoldQuest: la presión política desplaza el debido proceso

La suspensión de los estudios de impacto ambiental vinculados al proyecto Goldquest trasciende el debate minero y expone una cuestión más amplia sobre la forma en que República Dominicana gestiona sus tensiones institucionales. El punto central no es únicamente el proyecto, sino el mensaje que envía una decisión de este tipo sobre el valor real de los procedimientos técnicos en el país.

Un Estudio de Impacto Ambiental no está diseñado para avalar de antemano una iniciativa, sino para determinar si puede ejecutarse, en qué condiciones, con qué restricciones o si, por el contrario, debe descartarse. Cortarlo antes de su conclusión, ya sea por presión social, cálculo político o por intentar desactivar un conflicto inmediato, no resuelve ni la protección ambiental ni la seguridad jurídica de la inversión; más bien debilita el mecanismo que debería equilibrar desarrollo, territorio, comunidad y medio ambiente.

El país ya ha acumulado precedentes de decisiones ambientales adoptadas al margen del proceso técnico: en algunos casos para autorizar proyectos cuestionables y, en otros, para detenerlos antes de que las instituciones completaran su evaluación. El resultado, en ambos escenarios, ha sido similar: más desconfianza, más confrontación y menos claridad sobre las reglas que deben regir estos procesos.

Lo que distingue el caso actual es su visibilidad y el momento en que ocurre, con un gobierno que contaba con margen político suficiente para optar por una salida más institucional. Al mismo tiempo, la desconfianza de las comunidades no surge de la nada: responde a una memoria de pasivos ambientales sin resolver, promesas incumplidas y consultas que muchas veces se percibieron como simples trámites, no como participación efectiva.

Esa desconfianza es legítima, igual que el derecho de las comunidades a cuestionar, protestar y exigir garantías ambientales. Sin embargo, una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal para decidir. Si eso ocurre, el incentivo deja de ser la participación ordenada y pasa a ser la presión constante, una dinámica que no fortalece a las comunidades y las deja dependiendo de que cada disputa sea lo bastante visible para ser atendida.

La consecuencia más seria no recae solo sobre Goldquest, sino sobre cualquier proyecto que en adelante requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional, desde infraestructura y energía hasta turismo, agua y ordenamiento territorial. El mensaje que queda es que los procedimientos pueden volverse negociables si la presión es suficiente. Frente a eso, la salida pasa por retomar el proceso con información verificable, participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado, y garantías de que no se tratará de una formalidad vacía.

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