Caso GoldQuest | La presión del tiempo supera la búsqueda de la verdad

La suspensión de los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest en República Dominicana no es solo un asunto minero, sino también una señal sobre cómo el país aborda sus conflictos complejos. La decisión ha generado una gran controversia, y es importante analizar sus implicaciones más allá del proyecto en sí.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no tiene como objetivo garantizar la aprobación de un proyecto, sino más bien determinar si debe ser aprobado, con qué condiciones, límites o incluso si no debe realizarse en absoluto. Interrumpir el proceso de EIA antes de que concluya puede tener graves consecuencias, ya que vacía de sentido al único mecanismo creado para equilibrar el desarrollo, el territorio, el ambiente y la comunidad.

República Dominicana cuenta con antecedentes de decisiones ambientales tomadas fuera del proceso técnico, lo que ha generado desconfianza y conflicto en la sociedad. En ocasiones, se han aprobado proyectos que no debían ser aprobados, mientras que en otras se han frenado proyectos que ya habían concluido su evaluación. En ambos casos, el resultado ha sido el mismo: más desconfianza, más conflicto y menos claridad sobre las reglas.

La desconfianza de las comunidades no es descabellada, ya que tiene memoria de pasivos ambientales no resueltos, promesas incumplidas y consultas que no han permitido una participación real. Es importante reconocer que las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y reclamar garantías ambientales, y que ese derecho es legítimo y necesario.

Sin embargo, una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal de decisión pública. Cuando se hace, el incentivo deja de ser participar en el proceso y pasa a ser aumentar la presión sobre él, lo que no fortalece a las comunidades, sino que las deja dependiendo de que cada conflicto futuro sea suficientemente ruidoso para ser atendido.

La consecuencia más grave de este escenario no es para Goldquest, sino para todo proyecto que en los próximos años requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional. La lección aprendida por los actores involucrados es que los procedimientos son negociables si la presión es suficiente, lo que puede tener graves consecuencias para la gobernanza del país.

Para abordar este conflicto de manera efectiva, es necesario retomar el proceso de EIA con información verificable y participación real de las comunidades, el Estado, la academia y el sector privado. Esto requiere un enfoque que vaya más allá de simples gestos y se centre en mecanismos vinculantes con garantías de que no serán vacíos.

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