Camipe exige que la seguridad jurídica permanezca intocable en República Dominicana

La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) advirtió que la seguridad jurídica debe permanecer como un principio no negociable en cualquier proceso de actualización de la legislación minera del país, al considerar que su modificación afectaría directamente las inversiones ya establecidas y desalentaría nuevas decisiones de capital. El pronunciamiento de la entidad gremial coloca el debate sobre la estabilidad regulatoria en el centro de la discusión sobre el futuro del sector extractivo dominicano.

Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, sostuvo que el marco normativo vigente ha permitido el desarrollo de proyectos de largo plazo y que cambios abruptos en las reglas generarían incertidumbre entre los inversionistas nacionales e internacionales. Su argumento se apoya en una lógica propia de industrias con ciclos de maduración extensos: la minería requiere períodos prolongados entre la exploración, la construcción de infraestructura y la puesta en operación comercial, por lo que la previsibilidad de las normas durante ese trayecto resulta determinante para calcular riesgos y retornos.

El planteamiento surge en un contexto en el que el país discute posibles reformas al régimen minero, sector que representa una partida significativa dentro de las exportaciones dominicanas y que demanda estabilidad regulatoria para sostener sus operaciones. Para los lectores no especializados, conviene precisar que la seguridad jurídica, en términos económicos, alude a la certeza de que las reglas bajo las cuales se autorizó una inversión no serán alteradas de forma retroactiva o imprevisible. Cuando esa certeza se debilita, el costo del capital tiende a subir y algunos proyectos pueden volverse inviables.

Valerio reiteró que la industria está abierta al diálogo y a la modernización de la normativa, siempre que esta preserve los derechos adquiridos y ofrezca reglas claras para las inversiones futuras. Esa postura sugiere una distinción relevante para el debate público: una cosa es actualizar estándares ambientales, fiscales o técnicos hacia adelante, y otra es modificar condiciones ya pactadas con capitales que se comprometieron bajo un marco específico.

La discusión también tiene implicaciones para las comunidades donde operan los proyectos mineros, para las finanzas públicas que dependen de las exportaciones del sector y para la percepción del país como destino de inversión extranjera. En ese sentido, el llamado de Camipe no solo concierne a los socios de la industria: la forma en que se resuelva este debate enviará una señal sobre la predictibilidad institucional dominicana en un momento en que la atracción de capital productivo es prioridad para varias economías de la región.

Queda por verse cómo responden los actores gubernamentales y legislativos ante esta posición, y si el eventual proceso de reforma incorpora mecanismos de transición que concilien la necesaria modernización con la protección de los derechos adquiridos. Ese equilibrio será clave para determinar si la discusión deriva en un clima de confianza o en una nueva fuente de incertidumbre para el sector.

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