Atentado contra la naturaleza: la nueva amenaza que acecha a los parques nacionales dominicanos

El presidente Luis Abinader ha declarado el «terrorismo ambiental» como delito, pero la verdadera batalla por los bosques dominicanos se libra contra la impunidad, la falta de recursos y una cultura que aún no entiende que quemar un árbol es quemar el agua del futuro.

La decisión presidencial de tipificar como terrorismo ambiental los actos deliberados contra parques nacionales y ecosistemas protegidos es un paso necesario, pero insuficiente por sí solo. Cada incendio forestal, cada invasión de una cuenca hidrográfica o tala ilegal en un área protegida representa un daño irreparable que compromete las fuentes de agua, la fertilidad del suelo y la biodiversidad del país. No se trata de un simple adorno paisajístico: los bosques son infraestructura natural vital para la supervivencia nacional, especialmente ante un clima cada vez más extremo.

La protección efectiva exige un compromiso que trascienda al Gobierno y a los ambientalistas. Productores, comunidades, empresas y ciudadanos deben asumir la defensa de los recursos naturales como un acto de patriotismo. Las sanciones, que pueden alcanzar hasta veinte años de prisión, deben aplicarse con ejemplaridad y sin contemplaciones, pero solo tendrán efecto disuasorio si existe la certeza de su cumplimiento. Un bosque puede desaparecer en horas bajo las llamas, pero necesita décadas para recuperarse, y a menudo lo perdido no vuelve jamás a ser lo que fue.

Para que la ley se cumpla, el Estado debe dotar al Ministerio de Medio Ambiente de fondos suficientes para crear un verdadero ejército forestal: personal entrenado, bien equipado y en número adecuado para vigilar permanentemente los parques nacionales. Prevenir es infinitamente menos costoso que restaurar. La vigilancia debe ser estricta y acompañada de una campaña nacional que deje claro, en cada comunidad cercana a las áreas protegidas, que destruir un bosque no es una travesura ni un delito menor. La ley debe aplicarse sin que influencias políticas, económicas o personales protejan a los responsables, porque quien prende fuego deliberadamente no solo quema árboles: está quemando el agua de mañana, la tierra de los hijos y el futuro de la República Dominicana.

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