Ajustes de cuentas por drogas en República Dominicana

El recrudecimiento de la violencia vinculada al microtráfico ha marcado el mes de mayo en la República Dominicana, evidenciado por una serie de fallecimientos que subrayan un fenómeno de creciente preocupación. Entre los casos más recientes, la Policía Nacional reportó el domingo 24 de mayo la muerte de Ranller Encarnación Vicente, de 32 años, conocido como “Ranger” y catalogado como prófugo, junto a Sánchez Montero Montero, de 47 años, también identificado por las autoridades como delincuente. Ambos individuos perdieron la vida a causa de heridas de bala tras un enfrentamiento armado con agentes policiales en el sector Los Guineos, municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña, y posteriormente fallecieron en el Hospital Municipal de El Cercado mientras recibían atención médica.

Encarnación Vicente había escapado el 19 de mayo del Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, donde cumplía una condena de 30 años por dos homicidios. Tras su fuga, la Policía lo vincula con al menos cuatro asesinatos adicionales, todos relacionados con disputas por el microtráfico de drogas en Hondo Valle y Juan Santiago. Se le atribuye haber irrumpido en domicilios para exigir refugio y haber herido de bala a un oficial superior durante un operativo semanas antes. El vocero policial, Diego Pesqueira, ha señalado que las pugnas territoriales entre facciones criminales son un factor determinante en estas muertes, reconociendo una escalada de la violencia en los últimos años, pese a la presión ejercida por organismos como la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

La espiral de violencia se extendió a otras localidades. En Santiago, Margarita Díaz García, alias “La China”, fue asesinada a tiros la madrugada del martes 19 de mayo en La Yagüita de Pastor, un suceso que, según las investigaciones, se relaciona con sus actividades de venta y distribución de sustancias controladas y conflictos con grupos rivales. Este caso se entrelaza con el hallazgo, la madrugada del 20 de mayo en Jarabacoa, de los cuerpos baleados de Natanael Peña, alias “El Cha”, y otro hombre conocido como “La Rata”. Las pesquisas condujeron a un enfrentamiento en El Pedregal, cerca del río Baiguate, donde murió Miguel Ángel Mariné Rodríguez, alias “La Cabra”. Pruebas balísticas confirmaron que la pistola calibre nueve milímetros ocupada a Mariné fue utilizada tanto en el homicidio de “La China” como en el doble crimen de Jarabacoa, identificando a prófugos como Ruddy Manuel Morán Almonte (“La Pólvora”) y Michael Rodríguez Santos (“El Viajante” o “El Deportao”) como parte de la red.

Otro episodio de gran impacto fue el secuestro y posterior hallazgo calcinado del cuerpo de Rolando de Jesús Rodríguez, de 33 años y alias “El Gordo”, dentro de un automóvil Daihatsu Mira en Juan Dolio, tras ser raptado el 21 de mayo en Boca Chica en medio de un tiroteo por el control de puntos de drogas. Por este crimen, Wander Erickson Soriano, alias “Campe”, se entregó, y Bernardino del Rosario de los Santos, alias “Nando El Sicario”, ya se encuentra bajo custodia, mientras se persigue a otros implicados de la estructura “Los Sanjuaneros”. En Boca Chica, el 7 de mayo, Fray José Alcántara Zapata (o Báez), de 37 años y con un historial de cinco antecedentes delictivos, fue ultimado a tiros por varios hombres desde una yipeta. Posteriormente, Sebastián Peña, alias “Pulilla”, presunto miembro de “Los Fantasmas”, falleció en un enfrentamiento con agentes de la Dicrim, siendo buscado por su presunta implicación en un homicidio ocurrido el 6 de mayo en Andrés, Boca Chica, y vinculado por balística al asesinato de Alcántara Zapata. Alexander Peña Díaz, alias “El Campesino”, confesó su participación en este último crimen, declarando haber recibido 150,000 pesos.

El sociólogo Joel Arboleda ofrece una perspectiva sobre este complejo panorama, señalando que, si bien el narcotráfico puede generar un control territorial que reduce ciertos tipos de violencia, también propicia nuevas expresiones violentas. Estas se manifiestan tanto en el consumo de estupefacientes como en las disputas internas y territoriales entre organizaciones criminales, que buscan reacomodar sus mercados. Arboleda recuerda cómo, en los años 80, la percepción de que la droga no se quedaba en el país cambió drásticamente cuando los narcotraficantes comenzaron a pagar con sustancias, lo que disparó el consumo interno y generó un problema para el cual la sociedad no estaba preparada.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir este flagelo. Durante los primeros tres meses de 2026, se decomisaron más de 2.59 toneladas de drogas y se realizaron 6,944 operativos. En 2025, la República Dominicana incautó más de 48.3 toneladas de narcóticos, resultando en 46,367 arrestos. El Observatorio Dominicano de Drogas reveló que las provincias de Pedernales y Peravia concentraron el 50.21% de la cocaína decomisada en 2025, con alta incidencia también en La Altagracia, Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Ese mismo año, se desmantelaron 152 estructuras ligadas al narcotráfico y otras actividades criminales, con operaciones destacadas en octubre y noviembre que sumaron miles de arrestos y la incautación de cientos de miles de gramos de drogas, además de armamento y equipos de comunicación.

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