La vivienda, fuera de alcance: precios récord, grúas paradas y alquiler social de cola europea
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del país. En apenas cinco años, la población ha ganado casi 1,5 millones de habitantes.
La demanda no ha dejado de crecer. La oferta, en cambio, no ha seguido el mismo ritmo.
Ese desajuste explica por qué comprar o alquilar una casa se ha vuelto una carrera de obstáculos para cada vez más personas. Los datos son contundentes.
En ese mismo periodo, el precio de compra se ha disparado un 52,6%, mientras que el del alquiler ha subido un 43,8%. Son incrementos que superan con holgura la evolución de los salarios y que golpean especialmente a jóvenes, familias con hijos y trabajadores con ingresos medios y bajos.
La consecuencia es doble: se retrasa la emancipación, se comparten pisos por necesidad y muchas personas quedan atrapadas en un alquiler que consume una parte creciente de su nómina. El problema no es solo de precios.
La construcción residencial permanece estancada, con una producción muy inferior a la que exige una población en aumento. Faltan viviendas nuevas, pero también falta vivienda asequible y, sobre todo, alquiler social.
En ese terreno, el país ocupa posiciones de cola en Europa: el parque público de alquiler es reducido comparado con el de los países de nuestro entorno, lo que deja a los hogares con menos recursos sin una red de protección eficaz. Mientras tanto, la demanda se diversifica: nuevos hogares, migración, cambio de usos, inversión y turismo compiten por un stock limitado.
El resultado es un mercado tensionado en el que cualquier aumento de la actividad económica o de la población presiona aún más los precios. Y cuando la oferta no reacciona, el ajuste no se produce vía precios a la baja, sino vía exclusión: quien no puede pagar se marcha a la periferia, comparte techo o engrosa las listas de espera.
La vivienda ha dejado de ser un derecho accesible para convertirse en un factor de desigualdad. Corregir esta deriva exige actuar sobre la cantidad y la composición del parque inmobiliario: construir más, movilizar vivienda vacía, proteger el alquiler asequible y acercar el alquiler social a los estándares europeos.
Sin esa combinación, el desajuste entre oferta y demanda seguirá alimentando precios récord y una creciente fractura social. El reto no es menor: está en juego la posibilidad de vivir y desarrollar un proyecto de vida en el lugar donde se trabaja.
