Tercer aplazamiento consecutivo retrasa medida de coerción en el caso Senasa 2.0

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión consecutiva la audiencia de medida de coerción contra los imputados en el caso Senasa 2.0, y fijó su continuación para este viernes a las 2:00 de la tarde. La jornada del jueves se extendió por más de nueve horas, desde alrededor de las 2:00 de la tarde hasta pasadas las 11:30 de la noche, con la presentación de argumentos de los abogados de la defensa, quienes agotaron sus turnos para formular reparos a la solicitud del Ministerio Público.

El Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva contra los acusados y solicita que el caso sea declarado complejo, una figura procesal que, de ser acogida, ampliaría los plazos de investigación y las etapas del proceso. La defensa continuará este viernes con la exposición de los abogados pendientes, seguida de la réplica del Ministerio Público, la contrarréplica de la defensa y, finalmente, las palabras de los imputados ante el tribunal. Este esquema de intervenciones explica en parte la duración de las audiencias y los sucesivos aplazamientos.

De acuerdo con declaraciones de uno de los abogados, algunos defensores admitieron determinados hechos, mientras que otros presentaron versiones distintas frente a las acusaciones. La Pepca afirmó que 10 imputados admitieron los hechos y negocian con el Ministerio Público. Esa eventual admisión de hechos, en el marco del proceso penal dominicano, puede traducirse en acuerdos o colaboración con el órgano persecutor, lo que a su vez incide en la posición procesal de los demás imputados y en la estrategia de la defensa en su conjunto.

Más temprano, Miguel Surún Hernández, representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, cuestionó el alcance de la investigación y reclamó que se determine la responsabilidad de otros sectores, incluyendo clínicas, laboratorios y empresarios vinculados al sector salud. "¿Dónde están las clínicas, dónde están los laboratorios, dónde están los que sustrajeron más de 10 mil millones de pesos?", preguntó Surún Hernández, quien también señaló que muchos médicos no han sido entrevistados.

El planteamiento de Surún Hernández introduce una dimensión que trasciende la discusión sobre la medida de coerción: la pregunta por el universo de responsables en un entramado que, según la denuncia, involucra a actores del sector salud más allá de los imputados. Para los lectores, conviene distinguir entre lo que se debate en la audiencia —la libertad o prisión de los acusados mientras avanza el proceso— y las demandas de una investigación más amplia, que apuntan a determinar si el caso se limita a los nombres ya conocidos o abarca a otros participantes.

La repetición de aplazamientos en una medida de coerción, que por su naturaleza suele resolverse en plazos breves, es un elemento a observar: puede reflejar la complejidad del expediente, el volumen de imputados y defensas, o la necesidad del tribunal de escuchar todas las posiciones antes de decidir. El desenlace de este viernes definirá si los imputados enfrentan prisión preventiva, si el caso es declarado complejo y cómo se ordenan las piezas de un proceso que sigue generando cuestionamientos sobre su alcance.

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