ADP exige reforma educativa urgente tras fracaso dominicano en pruebas PISA

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigió este miércoles al Gobierno dejar de culpar al personal docente y adoptar nuevas políticas para transformar la educación pública, tras considerar que los resultados de República Dominicana en la prueba PISA evidencian el fracaso de las prácticas actuales.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, señaló que las autoridades deben concentrarse en problemas estructurales como el déficit de aulas, el deterioro de la infraestructura escolar y la necesidad de que la inversión pública llegue efectivamente a los centros educativos. "Si queremos unos resultados diferentes, necesitamos decisiones políticas diferentes", afirmó el dirigente, quien cuestionó el impacto de los programas ejecutados por el Ministerio de Educación junto a organismos nacionales e internacionales.

La prueba PISA, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evalúa cada tres años las competencias de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados del país en la serie 2015-2025, analizados por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, han ubicado consistentemente a República Dominicana en los últimos lugares de la clasificación internacional, lo que refleja no solo un problema de aprendizaje, sino también de equidad: las brechas entre estudiantes de zonas urbanas y rurales, y entre escuelas públicas y privadas, siguen siendo profundas.

Entre sus propuestas, Hidalgo planteó declarar las matemáticas como prioridad nacional con metas medibles, y establecer objetivos separados para cobertura, permanencia, aprendizaje mínimo y alto desempeño. Esta distinción es clave para los lectores, porque permite evaluar avances reales más allá de las cifras globales: un país puede aumentar la matrícula sin mejorar la calidad, o mejorar el promedio sin atender a los más rezagados. Para las familias dominicanas, esto significa que la discusión no debe limitarse a cuántos niños están en las aulas, sino a qué están aprendiendo realmente y con qué recursos cuentan sus maestros.

Además, propuso que el país aplique el cuestionario docente de PISA en el próximo ciclo para incorporar la perspectiva de los maestros, incluyendo datos sobre tiempo efectivo de clases, tamaño de grupos, materiales disponibles y carga administrativa. Esta información permitiría identificar con precisión las condiciones laborales que afectan el desempeño en el aula, un factor que suele quedar oculto en los informes oficiales y que resulta determinante para explicar los resultados académicos.

El dirigente también solicitó auditar mediante registros administrativos la reducción de la escasez de personal docente reportada entre 2022 y 2025, que pasó de 55 % a 33 %, según la percepción de los directores. Esta discrepancia entre lo declarado y lo verificado es un punto que conviene observar de cerca, pues una mejora aparente podría no traducirse en una mejora real si los datos no se sustentan en evidencia objetiva. En un contexto donde la inversión educativa ronda el 4 % del producto interno bruto, la ciudadanía tiene derecho a saber si esos recursos están llegando a las escuelas o si se diluyen en la burocracia.

Estas iniciativas forman parte del análisis de la serie 2015-2025 de PISA elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos. De cara al futuro, será importante observar si el Ministerio de Educación responde con un plan concreto que incluya plazos, responsables y mecanismos de rendición de cuentas, así como si el Congreso asume alguna de estas recomendaciones en la próxima legislación educativa. La transformación que exige la ADP no depende solo de más recursos, sino de una voluntad política que priorice la evidencia sobre la improvisación.

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