La sequía institucional: cuando el poder ignora la voz popular

La Ruta por la Ciudadanía, iniciativa del Defensor del Pueblo que recorre las 32 provincias del país, plantea un desafío que trasciende lo simbólico: transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía no como un acto de caridad institucional, sino como un ejercicio de escucha activa que debería reconfigurar la toma de decisiones públicas. Así lo expuso el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante su visita a Nagua, segunda parada de un recorrido que comenzó en Dajabón y que se extenderá hasta diciembre, cada lunes y viernes.

La metodología propuesta rompe con el esquema tradicional de las visitas oficiales, donde la autoridad llega con un discurso prefabricado y se marcha sin conocer las dinámicas reales del territorio. En lugar de clases magistrales, la Ruta incorpora conversatorios, tarjetones pedagógicos, mesas comunitarias y formación digital, con un enfoque que parte de la vida cotidiana: una amenaza, una estafa, una fotografía difundida sin consentimiento o un conflicto familiar. Estos escenarios, aparentemente menores, son precisamente donde el ciudadano común enfrenta sus mayores vulnerabilidades ante el entramado legal e institucional.

La apuesta de Ulloa por traducir la enseñanza jurídica en capacidad ciudadana, mediante la secuencia "reconocer, proteger, conservar, orientarse y actuar", apunta a un problema estructural en República Dominicana: la distancia entre el marco normativo y la comprensión práctica que tienen los ciudadanos de sus derechos. Esta brecha no solo genera indefensión, sino que perpetúa ciclos de desconfianza hacia las instituciones, que muchas veces son percibidas como entes lejanos y poco receptivos a las necesidades reales de la población.

Un aspecto particularmente relevante del planteamiento del Defensor del Pueblo es su énfasis en que denunciar no equivale a condenar. En un contexto donde la opinión pública tiende a anticipar juicios y donde las redes sociales amplifican señalamientos sin debido proceso, la precisión de Ulloa resulta oportuna: el Estado de derecho se fortalece cuando se protege a la posible víctima sin vulnerar las garantías procesales del señalado. Este equilibrio es esencial para evitar que la legítima demanda de justicia se convierta en una nueva forma de injusticia.

La advertencia del funcionario —"si después de visitar una provincia solo podemos decir cuántas personas asistieron, habremos recorrido kilómetros, pero no el país"— condensa la ambición del proyecto: que cada territorio funcione como una unidad de aprendizaje que permita medir, corregir y articular mejor las instituciones. La experiencia ciudadana, insiste Ulloa, es información pública valiosa que debe sistematizarse, no para engrosar archivos burocráticos, sino para alimentar políticas públicas más pertinentes y efectivas.

Queda por observar si esta metodología logra institucionalizarse más allá del calendario establecido y si las instituciones convocadas asumen con seriedad los hallazgos que la Ruta vaya acumulando. La verdadera prueba no estará en la cantidad de asistentes a los conversatorios, sino en si el Estado dominicano aprende, finalmente, a escuchar y a traducir esa escucha en decisiones concretas que mejoren la vida de quienes habitan cada rincón del país.

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