Moncloa arremete contra la juez Tardón y revienta el relato sobre Ceuta: “No entendemos la orden de silencio”

El Gobierno central ha vuelto a poner en marcha la conocida como “máquina del fango” ante el nuevo escenario judicial que se abre en torno a la crisis migratoria de Ceuta de 2021. En un movimiento calculado, Moncloa cuestiona ahora abiertamente la decisión de la jueza instructora, Tardón, que ordenó que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no compartieran información sobre el asalto a la valla. Un bloqueo que el Ejecutivo tacha de incomprensible y que ha reavivado las tensiones con el poder judicial.

La instructora del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha restringido la comunicación de los testimonios policiales, una medida que el Ejecutivo considera un obstáculo para el esclarecimiento de lo ocurrido. Fuentes gubernamentales insisten en que “no se entiende” que se impida compartir información entre los agentes implicados, cuando la prioridad debería ser auditar la respuesta policial y diplomática de aquellos días. Sin embargo, la polémica no se detiene en la queja formal: Moncloa sigue manteniendo, con firmeza, que responsabilizar a Marruecos del asalto masivo es “un bulo”. Esta afirmación, repetida en privado y en público, choca frontalmente con los informes que manejaron los servicios de inteligencia y con las declaraciones de mandos policiales en sede instructora.

El contexto es delicado. La investigación judicial trata de dilucidar si hubo connivencia o negligencia en la entrada de más de 12.000 personas, muchas de ellas menores, territorio español durante el 17 y 18 de mayo de aquel año. La tesis oficialista apunta a una crisis humanitaria gestionada sin red, en clave interna; la otra versión, la que Moncloa denomina bulo, señala que Rabat deshabilitó deliberadamente los controles fronterizos como presión geopolítica. Mientras tanto, el Gobierno se defiende del flanco judicial con una estrategia evidente: deslegitimar la actuación de la juez y acusar a quienes sostienen la hipótesis de que Marruecos estuvo tras el asalto de intoxicar la vida pública.

Esta ofensiva no es casual. Se produce en un momento en que la proyección del Juicio a los nombres propios del operativo —policías y mandos intermedios— comienza a vislumbrarse. La decisión de Tardón de preservar la confidencialidad de las comunicaciones entre agentes intenta evitar que se repita el patrón de otros casos sensibles, donde la revelación selectiva de filtraciones a determinados medios condicionó la opinión pública. Pero el Ejecutivo, lejos de aceptar el procedimiento, intenta convertir a la magistrada en el nuevo sujeto de la controversia.

El riesgo para Moncloa es evidente: quedar señalada como un poder que se arropa en la descalificación para sortear la culpa. Cada vez que la “máquina” se activa contra un juez o contra una tesis incómoda, el relato oficial pierde autoridad, incluso entre sus propios socios. Con un horizonte judicial que apunta a que los hechos de Ceuta fueron coordinados y no una casualidad, el Gobierno parece preferir ganar la batalla comunicativa antes que la judicial. La pregunta es si, esta vez, el argumento del bulo resistirá el pulso de los tribunales.