Haití reforma su sistema penal: ¿qué cambios traerá para la justicia en la región?
Seguridad en Haití: Francia advierte que sin justicia sólida, el plan queda incompleto. 20 jueces se formarán en París para la reforma penal.
El restablecimiento de la seguridad en Haití quedará "incompleto" si no se acompaña simultáneamente de la construcción de un Estado de Derecho y una justicia sólida, advirtió este lunes el primer consejero de la Embajada de Francia en el país caribeño, Grégory Varennes.
Durante un discurso dirigido al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, Varennes subrayó que la justicia y el Estado de Derecho deben estar en capacidad de "asumir las responsabilidades que les corresponden".
Sus declaraciones se produjeron en una ceremonia celebrada en el despacho del primer ministro, en honor a veinte profesionales del derecho haitiano que viajarán a Francia para recibir formación especializada de cara a la reforma penal, cuyo nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal entrarán en vigor en enero de 2027, reemplazando la normativa vigente desde 1835, según la ONU.
"Por muy ambiciosa que sea una reforma, solo cobra vida de verdad cuando quienes tienen la responsabilidad la comprenden, la dominan y la aplican.
Ese es precisamente el sentido de esta formación organizada en Francia a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública", señaló Varennes, en referencia a Patrick Pélissier.
La delegación, integrada por abogados, magistrados y otros profesionales del sistema penal, ampliará sus conocimientos sobre los nuevos delitos, procedimientos, el rol del fiscal y las principales novedades del marco legal, según informó el Gobierno en un comunicado.
A su regreso, los veinte profesionales deberán transmitir lo aprendido a otros actores de la cadena judicial para favorecer una aplicación progresiva de la reforma en las diez jurisdicciones del país.
En ese contexto, el primer ministro haitiano insistió en la necesidad de corregir las "deficiencias" del sistema judicial, especialmente en cuanto a la detención prolongada y las sanciones "inadecuadas", mientras se fortalece el Estado de Derecho.
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