Autobuses exentos de impuestos para el transporte público terminan generando fortunas privadas
Denuncian desaparición de 27 autobuses públicos en Santiago. ¿Dónde están las unidades del corredor Duarte? El gremio exige una investigación.
La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) exigió este martes una investigación a fondo sobre el paradero de 27 autobuses adquiridos para el corredor Duarte en Santiago, al denunciar que las unidades, destinadas al transporte público, no fueron entregadas a las rutas seleccionadas y habrían terminado en manos del sector privado.
El gremio, que agrupa a choferes y propietarios de vehículos de transporte, señaló que la desaparición de estos autobuses representa un grave perjuicio para los usuarios y para la transparencia del proyecto, ya que las unidades fueron compradas con fondos públicos para modernizar el servicio en el corredor Duarte, una de las principales vías de la ciudad de Santiago. La denuncia se produce en un contexto de creciente atención ciudadana sobre el uso de los recursos estatales destinados a infraestructura y servicios esenciales, donde la rendición de cuentas se ha convertido en un eje central del debate público.
La CNTT indicó que, pese a las promesas de las autoridades, los autobuses no fueron incorporados al sistema de transporte público y, en cambio, se habrían desviado a operaciones privadas, lo que genera sospechas de irregularidades en la gestión del proyecto. Este tipo de señalamientos no es nuevo en el sector, donde históricamente han coexistido esquemas formales e informales de operación, pero la magnitud de las unidades involucradas y su origen público elevan el nivel de preocupación entre los usuarios que dependen diariamente de un servicio eficiente y accesible.
El gremio pidió a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) que intervengan para determinar responsabilidades y recuperar las unidades. La solicitud pone de relieve la necesidad de que los organismos de control actúen con celeridad y transparencia, no solo para esclarecer el destino de los autobuses, sino también para sentar un precedente sobre cómo se supervisan los proyectos de transporte financiados con recursos públicos. Para los lectores, el caso es una oportunidad para observar si los mecanismos de fiscalización existentes son suficientes para garantizar que las inversiones lleguen a su destino final.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones, mientras que el sindicato advirtió que, de no obtenerse una explicación satisfactoria, tomarán medidas de protesta para exigir la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados al transporte público. La falta de una reacción inmediata podría interpretarse como una señal de debilidad institucional o como parte de un proceso de verificación interna, pero lo cierto es que la presión social y sindical aumenta en la medida en que pasa el tiempo sin respuestas concretas.
De cara al futuro, será clave observar si la investigación avanza con resultados verificables y si las unidades aparecen o se justifica su destino. También conviene seguir de cerca la postura de la DGTT y la Procuraduría, así como las posibles acciones de protesta del gremio, que podrían afectar la operación del corredor Duarte y, con ello, la movilidad de miles de santiagueros. Este caso no solo pone a prueba la gestión del transporte público, sino también la capacidad del Estado para proteger los bienes públicos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.
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