Luis Ramírez resalta hoja de ruta del Gobierno para el año escolar 2026-2027

SANTO DOMINGO. – El comunicador Luis Ramírez valoró este lunes la planificación gubernamental para el inicio del año escolar 2026-2027, destacando que la Dirección de Infraestructura Escolar trabajó incluso durante el período navideño para reparar y adecuar los centros educativos, lo que ha debilitado la narrativa de que miles de estudiantes quedarían fuera de las aulas por falta de espacios.

Durante su participación en el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por El Nuevo Diario TV, Ramírez señaló que la preparación abarcó la organización curricular, la entrega de libros y útiles escolares, el bono estudiantil y las condiciones físicas de los planteles, bajo la dirección del ingeniero Roberto Herrera. Se trata de un abordaje integral que busca garantizar no solo el acceso, sino también la calidad del entorno educativo, un factor que suele ser determinante en la retención escolar y el rendimiento académico.

El esfuerzo descrito por Ramírez adquiere relevancia en un contexto donde la demanda de infraestructura educativa ha sido históricamente uno de los principales desafíos del sistema. La decisión de intervenir los planteles durante la temporada navideña, usualmente de baja actividad administrativa, sugiere una priorización del calendario escolar por encima de los recesos burocráticos, lo que podría traducirse en una menor cantidad de incidencias reportadas al momento de la apertura de las aulas.

No obstante, el comunicador advirtió que persiste un problema estructural: la falta de actualización de los datos sobre la movilidad de la población dominicana. Puso como ejemplo la provincia Valverde, donde existe una elevada demanda de aulas que no se corresponde con los registros oficiales de habitantes. Esta discrepancia entre los datos censales y la realidad territorial no es exclusiva del ámbito educativo; afecta también la planificación de servicios de salud, transporte y seguridad ciudadana.

“Una madre que vive en un barrio que no encuentra aula, de repente el barrio que está del otro lado tiene las escuelas vacías”, explicó Ramírez, atribuyendo esta distorsión a que muchas familias cambian de residencia por razones económicas o laborales, pero mantienen registrada una dirección anterior en sus documentos. Este fenómeno migratorio interno, acelerado por la búsqueda de empleo y viviendas más asequibles, genera desajustes que terminan pagando los estudiantes y sus familias.

El comunicador planteó la necesidad de establecer mecanismos para conocer con mayor precisión dónde reside realmente la población, de modo que las autoridades puedan planificar la construcción de escuelas y otras obras de infraestructura según la distribución actual de los ciudadanos. “Eso es un común denominador en nuestro país que hay que resolver”, afirmó. La actualización de los registros demográficos, así como la digitalización de los datos de residencia en los documentos oficiales, se perfila como una tarea pendiente que trasciende al Ministerio de Educación y requiere coordinación interinstitucional.

De cara al futuro, será clave observar cómo el Gobierno articula las respuestas a corto plazo —como la adecuación de aulas existentes— con soluciones de largo alcance que permitan ajustar la oferta educativa a los patrones reales de asentamiento poblacional. La experiencia de este año escolar podría sentar un precedente sobre la importancia de integrar la planificación urbana con la política educativa, un vínculo que suele pasarse por alto pero que resulta esencial para evitar que los recursos públicos se concentren en zonas donde la demanda ya no es prioritaria.

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