FP exige al Gobierno una estrategia nacional para frenar la ola de violencia

La Fuerza del Pueblo (FP) reclamó al Gobierno el diseño de una estrategia nacional que aborde de manera integral la ola de violencia que afecta al país, al tiempo que cuestionó la ausencia de una política pública que ataque las causas estructurales de la conflictividad social, uno de los principales motores de los homicidios en República Dominicana.

La secretaria de Seguridad Ciudadana de esa organización, Josefina Reynoso, advirtió que la violencia interpersonal se ha convertido en un factor determinante en las muertes violentas registradas en el territorio nacional, y consideró que las respuestas aisladas o de carácter meramente reactivo no serán suficientes para contener un fenómeno que demanda una visión de Estado y una articulación efectiva entre las instituciones.

La dirigente política hizo el planteamiento en una carta dirigida al director de Diario Libre, Aníbal de Castro, en respuesta al editorial “La convivencia pendiente”, publicado el 24 de agosto, en el que se aborda el peso de los conflictos sociales en las estadísticas de homicidios. La misiva, además de fijar la posición del partido, busca poner sobre la mesa un debate que trasciende la coyuntura y que interpela directamente la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana en curso.

Reynoso sostuvo que los datos oficiales evidencian una alta incidencia de armas de fuego en los homicidios, lo que, a su juicio, refleja no solo un problema de acceso a estos instrumentos, sino también la debilidad de los mecanismos de prevención y control. En ese sentido, reclamó una mayor coordinación institucional que incluya metas claras, indicadores medibles y sistemas de evaluación periódica, de modo que las acciones emprendidas puedan ser monitoreadas y corregidas con base en evidencia.

La dirigente también planteó la necesidad de una revisión crítica de las estadísticas utilizadas para medir la violencia y la seguridad ciudadana, al considerar que sin datos confiables y desagregados resulta difícil diseñar intervenciones efectivas. Este señalamiento cobra relevancia en un contexto en el que la percepción ciudadana sobre la inseguridad no siempre coincide con los indicadores oficiales, lo que subraya la urgencia de transparentar los criterios de medición y fortalecer los sistemas de registro.

El llamado de la FP se produce en un momento en que la ciudadanía demanda respuestas concretas frente a hechos de sangre que conmocionan a la opinión pública. La propuesta de elevar el debate hacia una estrategia nacional con enfoque preventivo, que combine control del delito con políticas sociales que mitiguen los factores de riesgo, apunta a una discusión que trasciende los colores partidarios y que interpela al conjunto de los actores políticos y sociales del país.

El reto inmediato para las autoridades será demostrar que es posible avanzar hacia un modelo de seguridad que no solo castigue el delito, sino que también atienda las condiciones que lo generan. La exigencia de la Fuerza del Pueblo, más que una crítica coyuntural, se inscribe en un reclamo recurrente de la sociedad dominicana por políticas públicas más coherentes, transparentes y con resultados verificables.

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