El Caso GoldQuest desborda: ¿Cómo la ansiedad de resolver suplanta la justicia procesal?
Goldquest RD: suspender el estudio de impacto ambiental va más allá de la minería. Destroza el arbitraje crucial entre desarrollo, ambiente e inversión.
La decisión de suspender los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest en República Dominicana no es solo un asunto relacionado con la minería, sino que también refleja la forma en que el país aborda sus conflictos complejos. Este incidente merece una mayor atención que el proyecto en sí, ya que pone de relieve la importancia de las instituciones y los procedimientos para la toma de decisiones.
Un estudio de impacto ambiental no tiene como objetivo garantizar la aprobación de un proyecto, sino más bien determinar si debe aprobarse, bajo qué condiciones y con qué límites. Interrumpir este proceso antes de que concluya, ya sea por presión, conveniencia política o administración del conflicto del momento, no protege el medio ambiente ni la inversión. De hecho, vacía de sentido al único mecanismo creado para arbitrar entre desarrollo, territorio, ambiente y comunidad.
República Dominicana tiene un historial de decisiones ambientales tomadas fuera del proceso técnico, lo que ha generado desconfianza, conflicto y falta de claridad sobre las reglas. En algunos casos, se han aprobado proyectos que no debían ser aprobados, mientras que en otros, se han frenado proyectos antes de que las instituciones concluyeran su evaluación.
En este contexto, la desconfianza de las comunidades no es descabellada, ya que tienen memoria de pasivos ambientales no resueltos, promesas incumplidas y consultas que fueron trámite y no participación real. Es importante reconocer que las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y reclamar garantías ambientales, pero una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal de decisión pública.
La consecuencia más grave de esta situación no es para Goldquest, sino para todo proyecto que en los próximos años requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional. Los procedimientos son negociables si la presión es suficiente, lo que puede generar una cultura de dependencia de la presión sobre los conflictos futuros. Gobernar no es reaccionar al ruido, sino procesar conflictos con reglas, evidencia, transparencia y responsabilidad.
La salida está en retomar el proceso con información verificable y participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado. Esto requiere un enfoque institucional y no solo un gesto para aplacar a las comunidades. La pregunta que queda abierta es más incómoda que el proyecto mismo: si las instituciones dominicanas no procesan este conflicto mediante sus propios procedimientos, ¿qué conflicto futuro sí lo merecerá?
En resumen, la suspensión de los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest es un reflejo de la forma en que República Dominicana aborda sus conflictos complejos. Es hora de retomar el proceso con instituciones sólidas, reglas claras y participación real de todas las partes involucradas.
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