Capitalización: la evidencia desmonta los mitos y enciende el debate
La capitalización dominicana no fue un capricho, sino una respuesta al colapso estatal. Reexamina los mitos de los 90 y descubre la verdad detrás de la reforma.
La capitalización de las empresas públicas dominicanas no fue un capricho presidencial, sino una respuesta a un colapso estatal que arrastraba décadas de fracaso, según un análisis que reexamina los mitos en torno a esa reforma de los años 90.
Cuando Leonel Fernández asumió en 1996, el Estado heredó un tercio de sus empresas cerradas y más del 80% de las restantes técnicamente quebradas.
Cementos Colón, TEJANCA y Atlas Comercial, hoy citadas como símbolos de un supuesto desmantelamiento, habían dejado de operar antes de la Ley 141-97.
No se administraban negocios exitosos; se gestionaba el agotamiento acumulado de varias décadas, agravado por la caída de más del 70% de la cuota azucarera dominicana en Estados Unidos entre 1982 y 1987.
El proceso contó con un amplio consenso político que trascendió ideologías. Balaguer impulsó asociaciones público-privadas, Bosch defendió que el Estado dejara de administrar empresas comerciales, y en 1996 PRSC, PRD y PLD coincidieron en reformar el sector.
La Ley 141-97 creó la CREP, presidida por Antonio Isa Conde, para conducir auditorías y licitaciones internacionales bajo reglas, no dependencias personales.
Los resultados cuestionan el relato de destrucción. Entre 2005 y 2023, las empresas capitalizadas transfirieron al Estado 42,280 millones de pesos, y en 2024 otros 2,463.8 millones.
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