Inversión de RD$1,677 millones en obra vial de Santiago queda bajo la lupa por doble registro

La provincia de Santiago concentra una cartera de inversión pública de RD$4,730.9 millones al cierre de julio de 2026, según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), con una sola obra que absorbe el 35.5% de esos fondos, equivalentes a RD$1,677.3 millones. Sin embargo, el peso de esa iniciativa en el presupuesto provincial ha puesto el foco en un detalle que genera interrogantes: su registro en dos partidas distintas del presupuesto nacional.

El desglose presupuestario revela que la “Ciudad Corazón” mantiene un portafolio de proyectos que prioriza una iniciativa específica sobre el resto de las intervenciones públicas en el territorio. Este nivel de concentración, que supera la tercera parte del total asignado, refleja la magnitud de una obra que se posiciona como el principal motor de la inversión estatal en la demarcación. No obstante, el hecho de que los recursos aparezcan duplicados en el sistema plantea dudas sobre la transparencia del registro y la trazabilidad de los fondos, un aspecto clave para el control ciudadano y la auditoría institucional.

Los datos de Digepres, correspondientes al séptimo mes del año, muestran que el resto de los recursos se distribuyen entre múltiples proyectos de infraestructura, salud, educación y otros sectores, aunque ninguno alcanza la proporción destinada a la obra principal. La distribución actual evidencia una estrategia de desarrollo que apuesta por un proyecto emblemático para impulsar el crecimiento económico y social de la provincia. Sin embargo, la concentración de fondos en una sola iniciativa también implica un riesgo fiscal: cualquier retraso, sobrecosto o modificación en su ejecución tendría un impacto directo y significativo en el resto de las prioridades provinciales.

Para el lector, esta situación tiene implicaciones prácticas. Santiago es una de las provincias con mayor dinamismo económico del país, y la inversión pública en infraestructura suele traducirse en empleos, mejora de servicios y mayor competitividad. No obstante, la opacidad en el registro presupuestario puede afectar la confianza en la gestión de los recursos, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor rendición de cuentas. La doble anotación, si no se aclara, podría generar retrasos en la liberación de fondos o complicaciones en la rendición de cuentas ante organismos de control como la Cámara de Cuentas.

Conviene observar, en los próximos meses, cómo evoluciona la ejecución presupuestaria de esta obra y si las autoridades de Digepres ofrecen una explicación oficial sobre el doble registro. También será relevante monitorear si la concentración de recursos en este proyecto afecta la culminación de otras obras menores pero necesarias para el desarrollo equilibrado de la provincia. La transparencia en la gestión pública no es un detalle administrativo: es una condición para que la inversión estatal cumpla su propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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