El impacto del decreto 309-26 en la educación dominicana

El Decreto 309-26, firmado el pasado seis de mayo, marca un giro relevante en la organización del sistema educativo dominicano. Más que una disposición administrativa de diez artículos, la norma plantea una reconfiguración de fondo al proponer una mirada unificada sobre niveles que durante décadas han funcionado de manera separada: educación inicial, básica, media, técnico-profesional y superior, además de ciencia, tecnología e innovación.

La pieza dispone la creación de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con la misión de elaborar un anteproyecto de ley de educación integral y presentar en un plazo de seis meses las recomendaciones que sirvan de base a un nuevo modelo. En esa instancia participan los ministros de Educación, de Educación Superior y de Administración Pública, junto con la directora del INFOTEP, en una señal de que el Ejecutivo busca coordinar ámbitos que históricamente han operado con lógicas distintas.

Entre los ejes que la Comisión deberá examinar figuran el aseguramiento de la calidad, la relación entre formación y mercado laboral, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la consolidación del Marco Nacional de Cualificaciones. También se incluye el impulso de un ecosistema de investigación educativa que permita sustentar las decisiones públicas en evidencia y no solo en criterios administrativos o coyunturales.

El decreto incorpora además la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, concebida como un proceso territorial, institucional, ciudadano y técnico. Su alcance puede convertirla en una herramienta valiosa, aunque su efectividad dependerá de que no quede reducida a un ejercicio formal. Para que tenga impacto real, deberá contar con metodología clara, seguimiento y una incidencia verificable en el texto final que se proponga al Poder Ejecutivo.

El reto no es menor. La Ley 66-97 y la Ley 139-01 responden a marcos distintos, con autonomías, tradiciones y comunidades académicas propias. Por eso, la articulación que plantea el decreto no puede confundirse con uniformidad ni con absorción institucional. La autonomía universitaria, además, es una conquista constitucional que no debe diluirse en una reforma apresurada.

En ese contexto, el Comité Consultivo previsto en la norma será decisivo si logra reunir a rectores, investigadores, docentes, representantes del INFOTEP, especialistas del Marco Nacional de Cualificaciones y actores de la sociedad civil organizada. Si el proceso consigue integrar esas voces con rigor, el Decreto 309-26 podría abrir una etapa de mayor coherencia para la educación dominicana; si no, quedará como otro intento de reforma sin la profundidad necesaria para transformar el sistema.

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