Un nuevo enfoque para una protección social más sólida: Revalorizando el sistema de seguridad social

La Ley 87-01, que instituyó el sistema dominicano de seguridad social, cumple 25 años de existencia. Sin embargo, según el economista Arismendi Díaz Santana, el sistema ha perdido su enfoque original: brindar protección a los afiliados. En su opinión, los trabajadores han sido los más perjudicados en términos de pensiones y servicios de salud.

La realidad es que el sistema de seguridad social ha demostrado una capacidad significativa para recaudar recursos, pero enfrenta importantes limitaciones para garantizar pensiones dignas y servicios de salud accesibles. Mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros actores financieros consolidan ganancias, millones de trabajadores temen llegar a la vejez con ingresos insuficientes y cobertura precaria.

La informalidad laboral es un factor que agrava aún más el problema. Una parte importante de la población envejece fuera del sistema, sin protección ni posibilidades reales de retiro digno. Esto genera una seguridad social que funciona bien para recaudar impuestos, pero no necesariamente para proteger a los ciudadanos.

La reforma del sistema de seguridad social no puede seguir posponiéndose. Se requiere una legislación que coloque al ciudadano en el centro, fortalezca la supervisión pública y garantice mayor equidad. Además, es fundamental devolver sentido social a un modelo concebido para ofrecer seguridad, no incertidumbre.

La reforma no debe ser una disputa entre intereses corporativos, sino un compromiso con la dignidad humana. Los ciudadanos merecen un sistema que les brinde protección y estabilidad en su vejez, en lugar de incertidumbre y precariedad.

Es hora de que el sistema de seguridad social se enfrente a sus limitaciones y se adapte a las necesidades reales de los ciudadanos. La reforma es un paso necesario para garantizar que el sistema funcione en beneficio de quienes lo necesitan más.

La supervisión pública y la transparencia son fundamentales para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que los ciudadanos reciban el servicio que se les debe. La reforma debe priorizar la protección de los ciudadanos y no los intereses corporativos.

Fuente original: consultar publicación original.