Senasa 2.0: el fraude que desangra la salud pública dominicana

El Ministerio Público detuvo a veinticinco personas en el caso Senasa, pero la operación, nueve meses después del apresamiento de Santiago Hazim, solo imputa un fraude de 41 millones de pesos, una cifra ínfima frente a los 15,000 millones sustraídos que la propia Procuraduría había denunciado.

La detención de Hazim, director del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y gestor de las finanzas de campaña del presidente Luis Abinader en 2020, se produjo el 6 de diciembre de 2025 y generó un amplio respaldo social. El caso, según el Ministerio Público, lesionó el derecho a la salud de los más pobres y pudo haber provocado muertes. El procurador adjunto Wilson Camacho anunció entonces que se presentaría una «versión 2.0» del expediente y que la suma sustraída ascendía a 15,000 millones de pesos, con la posibilidad de que aumentara el número de imputados.

Durante los meses siguientes, Camacho alimentó expectativas con declaraciones sobre nuevas estructuras fraudulentas y la solidez de las pruebas. El 20 de enero prometió sentar en el banquillo a «todo el que ha sustraído dinero del Estado»; el 5 de febrero anticipó la versión 2.0; el 3 de marzo aludió a acuerdos con los involucrados; el 30 de abril mencionó una «tercera estructura»; el 17 de junio advirtió que el fraude era tan grande que Senasa 2.0 no bastaría; y el 12 de agosto insistió en un Senasa 3.0. El equipo especializado analizaba 16,800 cajas de documentos incautados en allanamientos.

Sin embargo, nueve meses después del apresamiento inicial, la confianza en que la justicia alcanzaría a los poderosos se desplomó. La operación del 18 de septiembre, con allanamientos de madrugada y la detención de veinticinco personas por un fraude de 41 millones de pesos, fue recibida como un fuego de artificio. La montaña había parido un ratón.

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