Uso letal de armas de fuego: el silencio que la Policía Nacional no puede seguir justificando

La ejecución de 45 personas a manos de la Policía Nacional en un solo mes, sin acusaciones del Ministerio Público ni decisiones judiciales que las respalden, ha dejado de ser una nota de sucesos para convertirse en un debate de fondo sobre el tipo de Estado que se está construyendo en República Dominicana. El texto analizado sostiene que esta práctica cuenta con el aval del Gobierno y de la ministra de Interior y Policía, quien antes se presentaba como defensora irrestricta de los derechos humanos, lo que convierte el silencio oficial en una forma de respaldo.

El análisis advierte que la política de «plomo y después hablamos» contradice la Constitución y proyecta una imagen que choca frontalmente con el discurso oficial de modernidad, país seguro y democracia ejemplar. La contradicción no es menor: un Gobierno que se presenta ante la comunidad internacional como referente institucional no puede, al mismo tiempo, tolerar que la fuerza letal sustituya los procedimientos que el propio ordenamiento jurídico establece para perseguir el delito.

Según el texto, si matar es la respuesta a la criminalidad, queda implícito que la Policía y su soporte institucional son incapaces de mantener el orden conforme al andamiaje legal dominicano. Esa es, quizás, la lectura más incómoda del asunto: la cifra no solo habla de las víctimas, sino de la debilidad de las instituciones llamadas a investigar, procesar y sancionar. Cuando el atajo se vuelve norma, el mensaje que se envía es que el sistema judicial no funciona o que no se confía en él.

El documento sostiene que el imperio de la fuerza testimonia el fracaso de la civilización y de la persuasión legal, la investigación y los avances que se predican como logros del país. Añade que la cifra de 45 muertes a manos policiales en un mes debería ser un mazazo en la conciencia nacional, no una celebración. La diferencia entre ambas reacciones es decisiva: una sociedad que celebra la ejecución extrajudicial renuncia, sin advertirlo, a los mismos derechos que invocará cuando sea ella la que enfrente al poder.

Finalmente, el análisis advierte que al permitir que los agentes sustituyan a los tribunales, el poder otorga amparo institucional al salvajismo y convierte al policía en verdugo en lugar de guardián de la ley. Concluye que un Gobierno que presume de modernidad debe recordar que la civilización comenzó cuando la violencia dejó de ser argumento de autoridad. La pregunta que queda sobre la mesa no es solo cuántas muertes más tolerará el discurso oficial, sino si el país está dispuesto a asumir las consecuencias de haber convertido el gatillo en política pública.

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