RD ante un cambio demográfico: menos nacimientos y una población que envejece

El demógrafo dominicano José Miguel Guzmán advirtió que República Dominicana debe actuar desde ahora ante la posible disminución de la fecundidad y el envejecimiento poblacional, mediante políticas que fortalezcan la seguridad social, los servicios de salud y el cuidado de las personas mayores. El especialista en dinámica demográfica señaló que el país enfrenta una transición que, aunque aún no se manifiesta con la intensidad de otras naciones, requiere anticipación para evitar crisis en los sistemas de protección social.

Según Guzmán, la reducción sostenida de la tasa de fecundidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida modificarán la estructura por edades de la población dominicana en las próximas décadas. Ese fenómeno, conocido como transición demográfica, implica que la proporción de adultos mayores crecerá de forma sostenida mientras disminuye la base de población joven. El efecto combinado plantea un desafío doble: menos personas en edad productiva para sostener, vía cotizaciones e impuestos, un sistema de pensiones y salud que tendrá más beneficiarios.

El demógrafo subrayó que la ventana de oportunidad para implementar reformas estructurales se estrecha con el tiempo, por lo que instó a las autoridades a priorizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social y a ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en la atención geriátrica. En términos prácticos, esto supone revisar los esquemas de cotización y beneficios, así como preparar al personal médico y a la infraestructura hospitalaria para atender patologías crónicas y necesidades propias de la vejez.

Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar políticas de cuidado para las personas mayores que involucren tanto al Estado como a las familias y al sector privado, ante el previsible incremento de la demanda de servicios de larga duración. Este punto es clave porque, en el contexto dominicano, el cuidado de los adultos mayores recae mayoritariamente en las familias, sin una red pública articulada que las respalde. Una política integral de cuidados implicaría licencias, centros de día, asistencia domiciliaria y regulación de servicios privados.

Guzmán reiteró que postergar estas decisiones implicaría costos sociales y económicos significativamente mayores para el país. La experiencia internacional muestra que los países que reformaron sus sistemas previsionales y de salud con antelación lograron amortiguar el impacto fiscal del envejecimiento, mientras que quienes esperaron enfrentaron recortes abruptos o presiones insostenibles sobre las finanzas públicas.

Para los lectores, la advertencia tiene implicaciones concretas: la edad de jubilación, el monto de las pensiones, el acceso a servicios geriátricos y la carga de cuidado que asumen las familias son temas que probablemente ganen protagonismo en el debate público en los próximos años. Conviene observar cómo responden las autoridades y qué propuestas concretas surgen en el ámbito legislativo y en la discusión sobre el sistema de seguridad social.

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