El fisco entra al alquiler: premio al casero que baje la renta, IVA del 10% a turísticos y más IBI a pisos vacíos
El fisco entra de lleno en el mercado del alquiler. La nueva reforma fiscal de la vivienda mueve piezas clave: premia con exenciones de IRPF a los caseros que renueven a la baja a sus inquilinos o que saquen al mercado pisos por debajo de precio; castiga la desocupación con un IBI más alto; y grava con un 10% de IVA a la vivienda turística.
El objetivo es claro: aflorar oferta, moderar rentas y desincentivar el uso especulativo de casas y apartamentos. La medida estrella es la bonificación fiscal para propietarios.
Quienes ajusten la renta a la baja en la renovación o alquilen por debajo del mercado quedarán exentos de pagar IRPF por esos ingresos. Es un incentivo directo a la moderación de precios, en un contexto donde la oferta sigue siendo insuficiente y los inquilinos dedican una parte creciente de su salario a pagar la renta.
Para los arrendatarios, el paquete contempla un ahorro de hasta 1.160 euros anuales, una cifra que puede marcar la diferencia en economías domésticas ahogadas por el encarecimiento de la vivienda. El texto también aprieta a los pisos vacíos.
Los ayuntamientos tendrán habilitación legal para subir el IBI a las viviendas desocupadas, una herramienta con la que los consistorios podrán presionar a los tenedores que mantienen inmuebles fuera del mercado. La medida busca que la vivienda vacía deje de ser un refugio rentable y se convierta en un activo que genera costes si no se pone a disposición de los ciudadanos.
En paralelo, la vivienda turística deja de tener un trato privilegiado. Tributará un 10% de IVA, lo que encarecerá su explotación y puede reequilibrar la competencia con el alquiler residencial.
En ciudades tensionadas, donde el alquiler vacacional ha desplazado a residentes, el gesto tiene un alto valor simbólico y práctico: iguala cargas y devuelve presión sobre un modelo que muchos ayuntamientos consideran insostenible. El éxito de la reforma dependerá de dos factores.
Primero, de que los propietarios consideren suficiente el ahorro fiscal para bajar rentas y renunciar a la plusvalía esperada. Segundo, de que los ayuntamientos apliquen sin titubeos el recargo del IBI.
Sin esa combinación, las medidas pueden quedarse en un catálogo de buenas intenciones. Con ella, el fisco empieza a tratar la vivienda como lo que es: un derecho social y también un mercado que necesita reglas más equilibradas.
La pelota queda ahora en manos de arrendadores y administraciones locales.
