RD lanza el Servicio Nacional de Atención Residencial para transformar el cuidado de personas dependientes

El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 676-26, que crea el Servicio Nacional de Atención Residencial (SEÑAR), un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (MINPRE), como parte del fortalecimiento del sistema de protección a la infancia. La nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los centros de atención residencial para niños, niñas y adolescentes, un ámbito que hasta ahora operaba bajo distintas dependencias estatales sin una estructura unificada.

La medida responde a un problema de fondo que arrastra el sistema de protección dominicano: la dispersión de responsabilidades. Al no existir un ente rector único, los centros de acogida funcionaban con criterios heterogéneos, lo que dificultaba la supervisión, la asignación de recursos y la rendición de cuentas. Con SEÑAR, el Poder Ejecutivo busca corregir esa fragmentación y establecer una instancia con atribuciones claras sobre el funcionamiento de estos espacios.

El decreto forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno para reorganizar el sector de protección social y responder a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la situación de la niñez en el país. La creación de un servicio especializado apunta a que la atención residencial deje de ser un apéndice administrativo de otras dependencias y pase a operar bajo estándares técnicos definidos, con protocolos de actuación y mecanismos de evaluación.

Para los lectores, la relevancia de esta decisión está en su impacto directo sobre una población vulnerable: menores que han sido separados de sus familias por medidas de protección. La calidad de la acogida —desde la infraestructura hasta el acompañamiento psicosocial— determina en gran medida las posibilidades de reinserción familiar o de transición hacia la vida independiente. Un sistema unificado debería traducirse en mejores condiciones para esos procesos.

Queda por observar cómo se implementa el decreto en la práctica. La creación de un órgano desconcentrado es un primer paso, pero su efectividad dependerá de la asignación presupuestaria, de la designación de equipos técnicos y de la capacidad de coordinar con otras instituciones que intervienen en la ruta de protección. También será clave conocer los plazos de transición y el destino de los centros que hoy operan bajo otras dependencias.

El anuncio se produce en un contexto regional donde varios países han avanzado hacia modelos de atención residencial con enfoque de derechos, priorizando la desinstitucionalización y el acogimiento familiar cuando sea posible. La experiencia comparada sugiere que la centralización administrativa solo rinde frutos si viene acompañada de inversión sostenida y de sistemas de monitoreo independientes. Ese será el terreno donde se medirá el alcance real de esta reforma.

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