El Estado dominicano renuncia a contar su propia realidad
El Estado dominicano oculta datos en 21 áreas clave: un déficit que pagará el próximo gobierno. El caso más grave: 12,278 estudiantes con discapacidad…
Un análisis periodístico revela que el Estado dominicano ha dejado de producir datos clave en al menos 21 áreas, lo que constituye un "déficit de aritmética" que no se corrige hacia atrás y que pagará el próximo gobierno. La investigación, basada exclusivamente en cifras publicadas por instituciones oficiales, documenta inconsistencias en deuda pública, canasta básica, pensiones especiales, concesiones aeroportuarias, fideicomisos y obra pública, entre otros dominios.
El caso más grave, según el texto, es el de los estudiantes con discapacidad: el Plan Operativo Anual 2025 del Ministerio de Educación reporta que se completó el registro de 15,755 alumnos de los 28,033 identificados en 2023, sin explicar qué ocurrió con los 12,278 restantes. La directora de Educación Especial admitió en noviembre de 2025 que los datos son parciales y existe subregistro. La Ordenanza 05-2024 solo ordena registrar a los ya inscritos, sin plazo, meta ni consecuencia, y no existe un cruce público entre estudiantes registrados y capacidad disponible.
Otros hallazgos incluyen tres cifras distintas de deuda pública para 2024 (46.3 %, 47.5 % y 58.1 % del PIB) sin serie consolidada; una brecha de 288,028 personas entre dos registros oficiales de nómina pública sin conciliación; y el incumplimiento en la publicación de informes de fideicomisos y del padrón de pensiones especiales. El texto sostiene que casi nunca el dato falta por ser caro de producir, sino porque alguien decidió o permitió que dejara de generarse.
El análisis concluye que un país que no se mide no se corrige, y que la discusión pública pasa a ser sobre quién controla qué se publica. Como exigencias inmediatas, propone tres acciones que no requieren ley ni presupuesto: conciliar los dos registros de nómina pública, publicar el padrón de pensiones especiales con nombre, monto y decreto, y liberar los ponderadores del índice de precios por quintil en datos abiertos.
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