Delcy Rodríguez impulsa cambio urgente a la Ley contra el Odio en Venezuela
Delcy Rodríguez admite uso abusivo de la Ley contra el Odio y pide al Parlamento reformarla con urgencia. Un giro en el discurso oficial venezolano.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este martes que la "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", promulgada en 2017, fue "mal aplicada" y objeto de un "uso abusivo", y solicitó al Parlamento una reforma parcial "con carácter de urgencia". El pronunciamiento, hecho durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa, marca un giro en el discurso oficial sobre una normativa que la oposición y organizaciones no gubernamentales han cuestionado de forma sostenida desde su entrada en vigor.
Rodríguez defendió los principios de la ley, pero admitió que su aplicación derivó en excesos. "Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley", declaró la mandataria, quien llamó a "sustituir el odio por el amor" y "la intolerancia por la convivencia". El reconocimiento no implica, sin embargo, una derogatoria: se trata de una reforma parcial, lo que sugiere que el oficialismo busca corregir la aplicación sin desmontar el marco normativo que ha defendido.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de crisis política y protestas antigubernamentales. Establece penas de hasta 20 años de cárcel para los llamados "delitos de odio", un rango sancionador que ha sido uno de los puntos más criticados por su amplitud y por la discrecionalidad con que podría aplicarse.
Organizaciones como Espacio Público denunciaron en 2023 que la norma se convirtió en un instrumento para perseguir expresiones críticas, incluidos periodistas. Ese señalamiento es clave para interpretar el anuncio: una reforma parcial podría modificar tipos penales o procedimientos, pero su alcance real dependerá del texto que finalmente discuta el Parlamento, controlado por el oficialismo.
El antecedente inmediato es relevante. En febrero de este año, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria y presidente del Parlamento, ya había admitido el uso inadecuado de la normativa y considerado posible una reforma. La coincidencia entre ambos pronunciamientos sugiere una posición coordinada dentro del oficialismo, más que una declaración aislada.
Para los lectores, conviene observar tres elementos: si la reforma se tramita efectivamente con urgencia, qué artículos específicos modifica y si las organizaciones que han documentado su uso abusivo participan o son escuchadas en el debate. El reconocimiento público de un uso indebido es un paso, pero la utilidad de la reforma se medirá por su aplicación concreta y por la protección efectiva de la libertad de expresión.
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