Sánchez, contra el reloj: 48 horas para contener la rebelión por la vivienda
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un tramo decisivo. La crisis de vivienda ha dejado de ser un debate de despachos para instalarse en las calles: una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, una protesta multitudinaria en Barcelona y un Consejo de Ministros que se prevé especialmente tenso dibujan un calendario de 48 horas de máxima presión.
La acampada madrileña, que se mantiene en el corazón de la capital, no pide gestos simbólicos. Exige que el Ejecutivo apruebe un decreto concreto con medidas para intervenir el mercado del alquiler y frenar nuevos desahucios. Los colectivos convocantes sostienen que la Ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura se ha quedado corta y que su aplicación está siendo bloqueada por varias comunidades autónomas. En Barcelona, la protesta ha vuelto a poner el foco en los precios inasumibles y en la expulsión de vecinos de barrios enteros.
Las cifras alimentan la urgencia. El alquiler ha subido más del 30% en la última década y en ciudades como Madrid y Barcelona el esfuerzo para pagar una renta supera el 40% del salario medio. Cada año se ejecutan decenas de miles de desahucios, muchos por impago de alquiler, mientras la vivienda pública sigue muy por debajo de la media europea. A esto se suma la compra de vivienda por fondos de inversión y el auge de los alquileres de temporada, que estrechan aún más la oferta residencial.
El Consejo de Ministros se convierte así en un examen. El ala socialista del Ejecutivo defiende que ya existen herramientas legales para declarar zonas tensionadas y topar rentas, pero reconoce que su despliegue depende de las comunidades. Sus socios de coalición y aliados parlamentarios presionan para que el decreto incluya medidas más ambiciosas: prórrogas forzosas, límites a la compra por grandes tenedores y protección efectiva ante desahucios de familias vulnerables. La oposición conservadora acusa al Gobierno de intervencionismo y de generar inseguridad jurídica a los propietarios.
El desenlace de estas 48 horas no solo medirá la capacidad de Sánchez para contener la calle. Medirá si la vivienda deja de ser un problema privado para convertirse en la emergencia política central de la legislatura. Con elecciones en el horizonte y una Europa que mira con inquietud el malestar social, el Ejecutivo sabe que cada día de retraso suma presión. La pregunta ya no es si habrá decreto, sino si llegará a tiempo y con fuerza suficiente para desactivar una protesta que no muestra signos de replegarse.
