Nuevo marco regulatorio para alquileres de corta estancia en RD busca poner orden en el sector

Alquileres de corta estancia y hoteles pueden coexistir, según economista. El debate no es competencia, sino reglas claras: registro, impuestos y seguridad.

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El economista Nassim Alemany sostuvo que los alquileres de corta estancia no representan una amenaza disruptiva para la industria hotelera dominicana, aunque su crecimiento hace necesario establecer reglas claras sobre registro, seguridad, impuestos y condiciones de operación. Según su análisis, este modelo de hospedaje alternativo no implica una sustitución directa del sector hotelero tradicional, sino que ambos segmentos pueden coexistir dentro del mercado turístico del país.

La lectura de Alemany apunta a un punto central del debate: la discusión no debería plantearse como una disputa entre hoteles y alquileres de corta estancia, sino como la necesidad de ordenar una actividad que ya forma parte de la oferta de alojamiento. Bajo ese enfoque, la coexistencia entre ambos modelos dependería menos de la competencia entre ellos y más de la existencia de reglas que permitan operar con transparencia y en igualdad de condiciones.

El economista subrayó que la expansión de esta modalidad exige avanzar en un marco regulatorio que contemple el registro de las propiedades, las condiciones de seguridad, el cumplimiento de obligaciones fiscales y los requisitos operativos para quienes ofrecen el servicio. Estos cuatro ejes —registro, seguridad, impuestos y operación— constituyen la base de cualquier esquema que busque formalizar el sector y reducir la informalidad que suele acompañar a su crecimiento acelerado.

Para los lectores, el debate tiene implicaciones concretas. Un marco regulatorio bien diseñado puede traducirse en mayor protección para los huéspedes, reglas más previsibles para los propietarios y condiciones más equilibradas para la hotelería tradicional. En sentido contrario, una regulación mal calibrada o excesivamente restrictiva podría limitar la oferta, encarecer el alojamiento o empujar a operadores hacia la informalidad, con los riesgos que ello implica para la seguridad y la recaudación.

La discusión cobra relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en República Dominicana, donde los alquileres de corta estancia han ganado terreno como alternativa para visitantes nacionales y extranjeros. Ese avance refleja cambios en las preferencias de los viajeros, que valoran opciones con mayor independencia, espacios más amplios o ubicaciones distintas a las de los polos hoteleros tradicionales.

Conviene observar cómo evoluciona el diseño de ese marco regulatorio: qué entidad asumiría el registro, qué estándares de seguridad se exigirían, cómo se fiscalizaría el cumplimiento tributario y qué mecanismos de supervisión se aplicarían a las plataformas que intermedian estas reservas. De la respuesta a esas preguntas dependerá que el orden buscado no se convierta en un freno para una actividad que, según el análisis citado, puede complementar —más que sustituir— a la industria hotelera dominicana.

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