Retención de mercancías en Pedernales pone en jaque 85 empleos, denuncia empresa

La empresa BG Investment Group denunció un presunto trato desigual por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA) que, según afirma, ha paralizado sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales. La compañía, dedicada desde 2008 al reciclaje y clasificación de textiles usados bajo el régimen de desarrollo fronterizo, asegura que cuenta con una certificación vigente hasta 2028 y que ha pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales.

El caso adquiere relevancia porque Pedernales figura entre las provincias con mayor necesidad de inversión productiva y empleo formal en el país. La operación de BG Investment Group se ampara en el régimen de desarrollo fronterizo, un esquema diseñado para atraer actividad económica a zonas alejadas de los principales polos industriales. La eventual pérdida de 85 puestos directos y más de 250 indirectos tendría un efecto inmediato en Oviedo, donde las alternativas laborales formales son limitadas y cada plaza sostiene a varias familias.

Según la empresa, las verificaciones realizadas no han establecido la existencia de contrabando ni irregularidades en sus operaciones. Ese punto es clave para interpretar el conflicto: la compañía no discute la facultad fiscalizadora del Estado, sino la aplicación de nuevos criterios de valoración sobre sus mercancías. BG Investment Group cuestiona que no se le haya ofrecido una explicación técnica que sustente esos cambios, lo que, desde su perspectiva, convierte una diferencia de criterio aduanal en una paralización de hecho.

La retención de nueve contenedores es el elemento material de la disputa. Para una empresa dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados, la inmovilización de carga afecta directamente el flujo operativo, la capacidad de cumplir compromisos comerciales y la continuidad de la nómina. La empresa sostiene que no busca privilegios ni evadir impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación y que pueda operar mientras se conoce la controversia.

El conflicto ya llegó al Tribunal Constitucional, donde la compañía plantea que las actuaciones denunciadas afectan derechos como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa. La intervención del alto tribunal introduce un componente de alto impacto: no solo se discute el caso concreto, sino también el margen con que la administración aduanal puede modificar criterios de valoración sobre operadores que cuentan con certificaciones vigentes.

Conviene observar varios elementos en el desarrollo de este caso. Primero, si la DGA ofrece una explicación técnica sobre los nuevos criterios de valoración aplicados. Segundo, si el Tribunal Constitucional admite o no la acción y bajo qué argumentos. Tercero, cómo evoluciona la situación laboral en Oviedo mientras la carga permanece retenida. La resolución de esta controversia enviará una señal sobre la previsibilidad de las reglas aduanales y sobre la protección efectiva de los empleos vinculados a regímenes especiales de desarrollo fronterizo.

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